El lunes 10 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación de Colombia presentó cargos formales contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su supuesta participación en un caso de corrupción que involucra contratos públicos y manejo irregular de recursos en el departamento del Atlántico.
¿De qué se le acusa al hijo mayor del presidente Colombiano?
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, a Nicolás Petro se le imputaron seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Las autoridades aseguran que estos delitos habrían ocurrido entre los años 2021 y 2022, cuando el hijo del mandatario se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Según los fiscales encargados del caso, Petro Burgos habría participado en la gestión de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Uno de estos contratos fue firmado con la intervención del propio Nicolás Petro, pese a que no tenía competencia directa en la administración de los recursos públicos. Se calcula que, en el proceso, el exdiputado se habría apropiado de alrededor de 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 29 mil 500 dólares.
El caso tomó fuerza después de que salieran a la luz varios documentos y testimonios que presuntamente vinculan al hijo del presidente con maniobras irregulares para favorecer a ciertas fundaciones con recursos del Estado. Los fiscales explicaron que se detectaron inconsistencias en la documentación presentada y posibles falsificaciones de firmas y sellos en los contratos.
¿De qué otros cargos se le inculpa?
Este proceso se suma a otro expediente judicial que Nicolás Petro enfrenta desde el año 2023, cuando fue acusado de recibir dinero de personas vinculadas al narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. En ese momento, la Fiscalía lo señaló de haber ocultado hasta 500 millones de pesos colombianos, aproximadamente 132 mil dólares, que habrían sido entregados por supuestos intermediarios a cambio de favores políticos o promesas de influencia.
Ante las nuevas acusaciones, Nicolás Petro negó rotundamente las imputaciones y aseguró que no tiene relación alguna con la fundación mencionada ni con los contratos señalados. En una breve declaración a medios locales, afirmó que todo se trata de un “montaje político” para dañar su imagen y la de su familia. Además, dijo que confía en la justicia colombiana y en que podrá demostrar su inocencia durante el proceso.
A pesar de las tensiones, el Gobierno colombiano ha insistido en que permitirá que la justicia actúe sin interferencias. Sin embargo, el caso ha generado una fuerte polémica política y mediática, pues se trata del primer hijo de un presidente colombiano en ejercicio que enfrenta un proceso penal de esta magnitud.
Este escándalo podría tener repercusiones en la imagen del presidente Petro y afectar la credibilidad de su administración, especialmente en temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción, bandera principal de su campaña.
Por ahora, Nicolás Petro permanecerá en libertad mientras avanzan las audiencias. La Fiscalía continuará reuniendo pruebas y testimonios antes de definir si el caso pasa a juicio. El proceso judicial podría extenderse varios meses, dependiendo del número de testigos y las pruebas documentales presentadas.
El caso sigue en desarrollo y ha abierto un nuevo capítulo en la vida política de Colombia, donde la opinión pública se mantiene atenta a las decisiones que tome la justicia y al impacto que este escándalo pueda tener en el futuro del Gobierno.