La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó que el número de personas ejecutadas en el mundo en 2025 registró aumentos sin precedente alguno, ello a pesar de que la cantidad de países que mantienen la pena capital como castigo vigente en su legislación se reduce año con año.
De acuerdo con el organismo internacional, la urgencia de denunciar el alza no se debe tan solo al deplorable hecho de contemplar la muerte como una sanción, también obedece a que en las cifras recabadas dominan los delitos “que no cumplen con el umbral de ‘delitos más graves’ requerido por el derecho internacional”. Asimismo, Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó “la ejecución continuada de personas condenadas por delitos cometidos en la infancia, así como el secretismo persistente en torno a las ejecuciones”.
El documento dado a conocer por la ONU explica que mil 500 personas fueron ejecutadas en Irán, casi la mitad de ellas (47%) por delitos relacionados con el trasiego o consumo de drogas, no obstante, la cifra no incluye las denuncias de ahorcamientos ordenados por el régimen de los ayatolás para sofocar las protestas desatadas desde finales de diciembre de 2025. Al respecto, el Alto Comisionado apuntó que seguir castigando con la muerte aquellos delitos vinculados con drogas que no tienen consecuencias letales “no solo es incompatible con el derecho internacional, sino también ineficaz para disuadir el crimen”. También denunció que “la escala y el ritmo de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena capital como herramienta de intimidación estatal, con un impacto desproporcionado en las minorías étnicas y los migrantes”.
Igualmente en Oriente Próximo, Arabia Saudita habría roto su récord de aplicación de la pena de muerte al condenar a 356 personas, un 78% de ellas por faltas que tuvieron que ver con drogas, con el agravante de que “al menos dos de los ejecutados fueron condenados por crímenes cometidos siendo niños, lo que plantea serias dudas en particular respecto a los derechos de los menores”.
El texto también advierte sobre los ajusticiamientos públicos en Afganistán, método retornado al país de la mano del régimen talibán en 2021 y que se sirve de espacios masivos como estadios. Badghis, Nimroz y Farah, son las provincias que destacan como receptáculos de este castigo, en total solo en estos polígonos cuatro personas acusadas de asesinato fueron ejecutadas por familiares de sus víctimas.
La vigilancia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también se cierne sobre los Estados Unidos, las barras y las estrellas registraron en 2025 la cifra más alta de aplicaciones de la pena capital en 16 años, con 47 ejecuciones. Varias de estas sentencias, acusa el informe, fueron aplicadas con el nuevo método de asfixia por gas, introducido en 2024, sobre el que la Organización ya ha expresado preocupaciones por considerar que podría representar tortura.
Naciones Unidas ubicó también incidencias relacionadas con ejecuciones en Somalia, Singapur y Bielorrusia, este último país amplió recientemente el ámbito de aplicación de la pena capital a nuevos delitos relacionados con la seguridad nacional y el combate al terrorismo. Al tiempo, cuestionó la opacidad en la forma en que este tipo de sentencias son aplicadas en China y Corea del Norte, no sin acusar que tales naciones se niegan a compartir cifras oficiales al respecto.Preocupación especial merece el caso de un proyecto de ley que se analiza actualmente en la Knesset, el Parlamento israelí, que propone una reforma de la ley militar para que tribunales castrenses dicten condenas a muerte obligatorias para todos los palestinos que sean encontrados culpables de asesinato en la Cisjordania ocupada.
Turk agregó que este tipo de legislación podría suponer violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y condenó del mismo modo “las ejecuciones llevadas a cabo por Hamás en Gaza” como “violaciones flagrantes de los derechos humanos”.No obstante la negrura en el informe, el Alto Comisionado destacó que ya son 170 los países que han abolido la pena de muerte o han introducido moratorias para su aplicación y, en ese tenor, aplaudió los cambios en la legislación de varias naciones que se sumaron a esa lista en 2025 o “al menos se aproximaron a ella”. “La pena de muerte no es una herramienta eficaz para controlar el crimen, y puede conducir a la ejecución de personas inocentes”, advirtió finalmente en el boletín de su despacho.
“En la práctica, la pena de muerte también se aplica a menudo de forma arbitraria y discriminatoria, en violación de principios fundamentales de igualdad ante la ley”, sentenció
.Entre los avances para la eliminación de esta sanción, la ONU destacó que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró contrario a la carta fundamental del país una propuesta de reintroducir la pena capital y Zimbabue la abolió para delitos ordinarios, el parlamento de Kenia comenzó una revisión a las leyes para avanzar en el mismo sentido, mientras que Vietnam y Pakistán redujeron la lista de faltas castigadas con pena capital.