Neiyerver Adrián León Rengel, un venezolano de 28 años, presentó una demanda en Estados Unidos en la que acusa al gobierno de Donald Trump de haberlo deportado sin respetar su derecho al debido proceso y de enviarlo a una prisión extranjera bajo una identificación errónea.
El caso, revelado por The Miami Herald, lo convierte en el primer migrante venezolano deportado a un tercer país que reclama una indemnización.
El joven afirma que agentes migratorios lo catalogaron de forma equivocada como integrante del Tren de Aragua únicamente por los tatuajes que lleva en el cuerpo.
Según su relato, ignoraron documentos que acreditaban que estaba legalmente en el país, entre ellos una solicitud activa de Estatus de Protección Temporal (TPS) y una audiencia programada ante un juez de inmigración para 2028.
León Rengel había ingresado a EU en junio de 2023 mediante una cita otorgada por la aplicación CBP One. Pero en marzo de 2025, mientras vivía en Irving, Texas, fue detenido y posteriormente trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, una prisión de máxima seguridad donde permaneció incomunicado junto con otros venezolanos deportados bajo acusaciones de ser “criminales extremadamente peligrosos”.
El propio León Rengel sostiene que fue engañado antes de su traslado y que en el Cecot sufrió maltratos físicos y psicológicos. “No quiero volver a Estados Unidos, pero sí quiero limpiar mi nombre”, dijo al diario estadounidense, al señalar que su deportación injustificada lo marcó socialmente.
El venezolano regresó a su país en julio de 2025 como parte de un intercambio de prisioneros acordado entre la administración Trump y el gobierno de Nicolás Maduro. Su caso ya había sido denunciado meses antes por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac) y el Democracy Defenders Fund, que acusaron que su expulsión se realizó sin justificación legal.
En su demanda, León Rengel advierte que lo ocurrido con los venezolanos enviados al Cecot podría repetirse con cualquier migrante. Su reclamo de 1.3 millones de dólares busca que el gobierno estadounidense reconozca la violación a sus derechos y el daño sufrido durante el proceso.