La deriva autoritaria y supremacista judía del Estado de Israel se consumó este lunes con la legalización selectiva de la pena de muerte: sí para los condenados por terrorismo palestinos y no para los condenados a muerte si son judíos, pese a la ola de asesinatos de palestinos y quema de sus cultivos y viviendas en la Cisjordania ocupada, cometida por los colonos.
El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) aprobó este lunes la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista, una medida que las organizaciones de derechos humanos denuncian que se aplicará en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judío-israelíes.
El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga -salvo excepciones sin definir- a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que a los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua y estipula más condiciones para imponerla.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación en el plenario de la Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y supremacista judío Itamar Ben Gvir.
Así lo hicieron la mayoría de parlamentarios del partido de Netanyahu, el Likud, y todos los partidos de su coalición menos el ultraortodoxo Yahadut HaTora (Judaísmo de la Torá). El ultraderechista Israel Beitenu (Nuestro Hogar Israel), en la oposición, votó en cambio a favor.
El resto de partidos de la oposición, incluyendo Yesh Atid (Hay Futuro), Kachol Lavan (Azul y Blanco) y los árabes Hadash y Taal (Movimiento Árabe para la Renovación), votaron en contra.
“La ley es populista, inmoral, no igualitaria”, condenó durante el debate de este lunes el diputado Matti Sarfatti, de Yesh Atid, calificándola de “claramente inconstitucional”.
Tras aprobarse la reforma, el ultranacionalista Ben Gvir intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió.
Plazo máximo de 90 días para la horca
La ejecución de la pena, según la normativa, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días por el Servicio Penitenciario tras la sentencia, mediante ahorcamiento, con regulaciones específicas sobre la detención separada del recluso, el acceso restringido a autoridades y familiares y la supervisión de la ejecución.
Durante la sesión, la diputada Aida Touma-Suleiman, del partido árabe Hadash, señaló que “en otros países, la pena de muerte es una pena universal aplicable para todos”.
“En este caso, las identidades de la víctima y el asesino son las que determinan la sentencia (...): asesinato o defensa propia. Y es que, ¿acaso se aplicará a los colonos asesinos?”, se preguntó.
Por su parte, Limor Son Har-Melej, diputada del partido ultranacionalista Otzma Yehudit y una de las promotoras de la ley, aseguró que la decisión representa “un momento de justicia histórica” para las familias que perdieron seres queridos en atentados terroristas. Su marido, recordó durante su intervención, falleció en un atentado en 2003.
“No más cárceles para asesinos, que se convierten en hoteles, como ocurría antes de la llegada al cargo del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir”, afirmó la diputada ultraderechista. “Desde hoy, sentencia de muerte. Es una herramienta esencial para erradicar al enemigo y lograr una disuasión real”, añadió.
Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron la medida, criticada también por la ONU y el Consejo de Europa. Su debate se produjo tras la aprobación ‘in extremis’ esta madrugada de los presupuestos generales para 2026, con concesiones a partidos ultraortodoxos que forman parte del gobierno de Netanyahu.
Según recogen medios israelíes, funcionarios militares advirtieron repetidamente a los legisladores sobre los problemas que plantea la legislación incluso después de que se suavizara su redacción, señalando que la medida podría violar el derecho internacional y generar órdenes de arresto contra comandantes israelíes en el extranjero.
Además, numerosos rabinos, expertos legales, representantes del sindicato de médicos, abogados y activistas por los derechos humanos israelíes expresaron repetidamente su rechazo a la propuesta durante los debates sobre la misma en la comisión parlamentaria, llevados a cabo hasta cuatro veces por semana desde que fuera aprobada en primera lectura el pasado septiembre.
Hasta ahora, Israel solo permitía la pena de muerte en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio, y solo la ha aplicado una vez con la ejecución en 1962 de Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos del Holocausto.
“Israel cae en un abismo moral”
Nueve organizaciones israelíes pro derechos humanos denunciaron que la legalización de la pena de muerte y además selectiva (solo a los palestinos) es la prueba del “abismo moral” en el que ha caído el Estado de Israel.
“El paso de la ley de pena de muerte es una expresión más del abismo moral en el que el Estado de Israel y su sistema legal se han hundido”, recoge el comunicado conjunto de estas asociaciones, entre ellas la prestigiosa B’Tselem, Médicos por los Derechos Humanos o el centro legal Adalah.
El grupo sostiene que la ley es un “sello de aprobación oficial a la política de venganza y violencia racista hacia los palestinos” del Estado de Israel.
“Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes, pisotea el principio del derecho a un juicio justo, mina la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura”, denuncian.
Los firmantes de la denuncia aseveran además que la norma va contra la tendencia global de abolir la pena capital, la cual viola el derecho internacional y las propias obligaciones de Israel respecto a las leyes de ocupación, puesto que la norma se aplica en Cisjordania, territorio palestino fuera de la soberanía israelí.
“Crimen de guerra”
La Presidencia palestina, encabezada por Mahmud Abás, calificó como un “crimen de guerra” contra su población la ley aprobada por Israel para aplicar la pena de muerte obligatoria a los palestinos acusados de asesinato terrorista.
Por su parte, las asociaciones de presos palestinos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) también clamaron contra la medida, y afirmaron que culmina años de intentos de imponer la ejecución a los prisioneros palestinos.
“Se está gestando una etapa que se considera la más peligrosa en la historia del movimiento de presos palestinos”, denunciaron el Club de Prisioneros Palestinos y la Comisión de Asuntos de Detenidos y Exdetenidos de la ANP.
El recuento publicado por la ONG israelí B’Tselem eleva a más de 80 los palestinos muertos desde el 7 de octubre de 2023 en cárceles israelíes, convertidas en “campos de tortura” según esta organización.
B’Tselem ha recogido en numerosos informes los abusos cometidos contra los prisioneros palestinos, entre los que figuran palizas; la privación del alimento, los medicamentos o el sueño; agresiones sexuales o torturas.