El Gobierno de Ecuador confirmó que remitió una nota diplomática a Colombia en rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Jorge Glas (exvicepresidente durante el correísmo) era un “preso político”.
Quito recalcó que Glas no enfrenta una persecución, sino condenas firmes emitidas por jueces ecuatorianos en procesos que considera válidos.
La Cancillería ecuatoriana insistió en que el sistema judicial del país opera de manera independiente y que existen mecanismos internos para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
Según el documento, cualquier señalamiento externo que busque desacreditar las sentencias constituye una violación al principio de no intervención establecido en la ONU y la OEA.
Tensiones por el caso de Jorge Glas
En su respuesta, el Gobierno de Noboa afirmó que las declaraciones de Petro deterioran la relación bilateral y desvían la atención de los retos compartidos, en especial la seguridad en la frontera común.
El propio presidente ecuatoriano ya había reprochado al mandatario colombiano sus comentarios, asegurando que detrás del argumento de “presos políticos” se intenta ocultar que Glas fue condenado por corrupción.
Acusaciones
Jorge Glas tiene dos sentencias vigentes: una de ocho años por asociación ilícita y cohecho, y otra de trece años por peculado.
Fue recapturado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México, después de que el Gobierno mexicano le otorgara asilo diplomático.
Noboa ordenó entonces el asalto a la sede diplomática, tras lo cual Glas fue llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca y, posteriormente, trasladado a la Cárcel del Encuentro, diseñada para líderes criminales.
Pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para revisar las condiciones de reclusión del exvicepresidente, Quito no ha atendido dichas disposiciones.
Apenas el sábado pasado, un juez negó un recurso de habeas corpus correctivo que buscaba ampliar sus raciones de comida y garantizar atención médica especializada, al concluir que no existía violación a sus derechos.