
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una inédita investigación contra Raúl Castro, el hombre fuerte en la sombra del régimen comunista cubano, expresidente de Cuba, tras enfermar su hermano Fidel y, a sus 94 años, última leyenda viva de la revolución que triunfó en enero de 1959.
El fiscal general interino de EU, Todd Blanche, indicó que los cargos que presentó este miércoles contra el expresidente cubano Raúl Castro por asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: “si matas estadounidenses, te perseguiremos”.
Los hechos ocurrieron hace 30 años, cuando los aparatos fueron derribados en una supuesta misión de rescate de cubanos que huían del régimen en balsas.
Las avionetas de Hermanos al Rescate fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 por cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea de Cuba en el Estrecho de Florida, causando la muerte de cuatro pilotos: tres cubano-estadounidenses, Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, y un cubano residente legal, Pablo Morales.

En concreto, el fiscal acusa a Raúl castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate.
La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados: Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.
El Departamento de Justicia presentó los cargos en la corte federal del Distrito del Sur de Florida contra el hermano pequeño de Fidel, a quien acusa de ordenar el derribo de las avionetas, cuando era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.
El anuncio se produce apenas horas después de la declaración del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, a los cubanos, en la que pide (sin entrar en detalles) que se liberen de la dictadura y se convoquen elecciones libres, sin el control de los militares.
Mismo guión que con Maduro
Con este paso, los fiscales estadounidenses repiten el guión aplicado en su día a Venezuela, cuando en marzo de 2020, el Gobierno de Estados Unidos llevó a juicio en rebeldía a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico.
La condena judicial contra Maduro fue la justificación de la Administración de Donald Trump para intervenir el 3 de enero en Venezuela y secuestrar al presidente chavista.
A partir de ahora, Washington considera que tiene la base legal necesaria para intervenir en la isla como hizo en Caracas, aunque expertos ponen en duda la legitimidad de aquella intervención. Pero, mientras tanto, el presidente estadounidense no descarta un acuerdo diplomático con el régimen.