La Corte Suprema de Estados Unidos sigue alineándose con los decretos firmados por el presidente Donald Trump, impugnados en muchos casos por su polémico cumplimiento. Este lunes, la mayoría conservadora aprobó la posibilidad de que el gobierno federal otorgue al Servicio Postal y al Departamento de Seguridad Nacional funciones sin precedentes en la administración electoral, como decidir a quién envía el voto por correo solicitado.
Aunque en su decisión el máximo tribunal estadounidense no valora si Trump tiene potestad legal o no para limitar el voto por correo (algo que dirime actualmente un tribunal federal de apelaciones), el fallo sí permite a su Administración seguir adelante con su plan para restringir este sistema de votación, un mecanismo que según el presidente ha permitido cometer fraude electoral masivo en el país, pero que los datos empíricos resaltan que es insignificante.
Además, la decisión llega a 10 semanas para las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, vistas como un plebiscito sobre el mandato de Trump y en las que están en juego las mayorías parlamentarias en el Senado y la Cámara de Representantes.
En un fallo sin firma, el Supremo consideró que la demanda interpuesta por 23 estados y el Distrito de Columbia —que fue la que desembocó en un bloqueo por parte de una jueza de Boston— fue prematura porque la orden ejecutiva de Trump es de momento una directiva interna preliminar remitida a agencias federales y no obliga directamente a ninguno de los estados —que son quienes tienen potestad sobre la legislación electoral en EU— a cambiar sus normativas.
“Inyecta caos e incertidumbre”
La decisión se adoptó con seis votos a favor de los magistrados conservadores y tres en contra que correspondieron a las tres juezas liberales de la corte.
Una de las tres, Ketanji Brown Jackson, emitió un escrito disidente en el que subrayó que el Supremo se negó con el fallo de hoy “a explicar cuándo, exactamente, es el momento adecuado para presentar una demanda electoral fundada por violación de las normas que impugne la interferencia inconstitucional en los procesos electorales”.
Brown Jackson señaló que lo dispuesto este lunes “inyecta innecesariamente caos e incertidumbre en las próximas elecciones generales de mitad de mandato”.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en marzo, ordena, por un lado, al Departamento de Seguridad Nacional elaborar un censo electoral de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada uno de los 50 estados y remitirlo a los mismos. Aunque los estados no están obligados a regirse por esos listados, el Gobierno de Trump dijo abiertamente que negarse a considerar las listas mostraría intención de permitir el voto a no ciudadanos.
Por otro lado, la orden busca que el Servicio Postal elabore listas de votantes elegibles y solo envíe papeletas electorales a aquellos incluidos en dichas listas.
En caso de que el tribunal federal de apelaciones que estudia el fondo del caso no se pronuncie antes del 3 de noviembre, no está claro si esas instrucciones de Trump se habrán podido implementar por completo antes de los comicios.