
Ha entrado en vigor una nueva ley propuesta por la Administración de Donald Trump que afectará a miles de migrantes en Estados Unidos. Mediante el término de “carga pública” y mayor discreción de agentes migratorios, se hará una evaluación sobre si los solicitantes que reciben ayuda gubernamental o la necesitarán en un futuro podrán recibir la green card.
La norma recientemente publicada en julio extiende los programas de asistencia pública que los funcionarios de inmigración podrán considerar, ya sea para determinar si será probable que los solicitantes puedan convertirse en “carga pública”
Durante la elaboración de esta nueva medida, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió 8,846 comentarios, en su mayoría en contra, provenientes de organizaciones civiles, profesionales de la salud, abogados, académicos y autoridades estatales y locales.
¿Qué es la carga pública y por qué afecta la obtención de la green card?
La carga pública es un término que en la política migratoria estadounidense evalúa si un extranjero que busca ingresar al país o, en este caso, convertirse en residente permanente, podría depender de las ayudas gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas.
El DHS comentó sobre esto, diciendo lo siguiente en su cuenta oficial de X:
“Bajo la administración del presidente Trump, el DHS está restableciendo el principio fundamental de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”.
“Estamos reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y poniendo fin a las políticas que fomentaban la dependencia de los trabajadores estadounidenses que pagan sus impuestos”.
Under @POTUS Trump, DHS is restoring the basic principle that immigrants must be able to support themselves.
— Homeland Security (@DHSgov) 16 de julio de 2026
We are reaffirming the requirement of self-reliance, protecting public resources, and ending policies that encouraged dependency on hard-working American taxpayers. https://t.co/Udqj3rKMES
De este modo, al ampliarse los factores de evaluación para cada solicitud, se podrá determinar si se entregará o no la tarjeta de residencia. También cabe aclarar que dentro de estas evaluaciones se tomarán en cuenta otros aspectos del solicitante como su edad, su estado de salud, la situación familiar, sus recursos económicos, su educación y sus habilidades. Inclusive se podrá tomar en cuenta el respaldo financiero recibido por parte de la persona por medio de un familiar o persona patrocinadora.
¿Qué ayudas considera la nueva ley de la green card dentro de su evaluación?
De acuerdo a información publicada por la USCIS, las ayudas consideradas para evaluar el trámite de las green card serán:
- Asistencia en efectivo del solicitante
- Vivienda pública o subsidiada por medio de programas
- Préstamos para educación universitaria
- Asistencia alimentaria (como SNAP)
- Cobertura médica (como Medicaid y CHIP)
Asimismo, esta nueva política no define mediante el solo uso de un programa de asistencia si es que la green card no podrá ser obtenida. Se espera que los funcionarios consideren los detalles y las circunstancias de cada caso, aunque con menor transparencia.
Acciones en contra de la nueva ley de la Green Card y la carga pública
Ya existen críticas a esta nueva ley de “carga pública ”que señalan que esto podría ocasionar incertidumbre y temor a las familias inmigrantes, mismas que dejarán de solicitar programas de asistencia para no perjudicar una futura solicitud de residencia permanente.
También se considera como cuestionable que se otorgue mayor discrecionalidad a los funcionarios inmigratorios, pues esto podrá ocasionar una oleada de decisiones inconsistentes en cuanto a qué personas podrán ser consideradas como “carga pública”.
Aunado a esto, 22 Estados y Washington D.C. han presentado una demanda en una coalición por medio de la cual buscan bloquear dicha medida. Entre los Estados participantes en el litigio se encuentran: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.