El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un plan para eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano aprobadas durante el Gobierno del expresidente Joe Biden, una medida que su Administración defiende como una forma de reducir costos para los productores de petróleo y gas.
“Esta noche pongo fin oficialmente a las costosas e innecesarias regulaciones sobre el metano de Biden para ahorrar dinero a los consumidores y a los productores de energía”, destacó Trump durante un mitin electoral en Lubbock, Texas.
El republicano aseguró que la medida permitiría ahorrar 45 mil millones de dólares, desbloquear grandes cantidades de gas natural texano y producir 210 millones de barriles adicionales de petróleo.
El anuncio de Trump se enmarca dentro de sus promesas de impulsar la producción nacional de combustibles fósiles y defender su gestión económica antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
Las normas de Biden, aprobadas en 2024, obligaban a las compañías a detectar y reparar fugas de metano en instalaciones de petróleo y gas, inspeccionar periódicamente los equipos y cumplir requisitos más estrictos para los pozos existentes, incluidos los de baja producción.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) también pretendía eliminar el programa Super Emitter, que permite a terceros identificar grandes fugas para que las empresas las investiguen y reparen, y flexibilizar las restricciones a la quema rutinaria de gas en los pozos.
La propuesta del mandatario estadounidense busca revertir parte de esas obligaciones, aunque no existe información oficial de que la medida haya entrado en vigor.
La decisión llega en un momento en que la Casa Blanca busca responder al encarecimiento de los combustibles, provocado en gran medida por los efectos de la guerra contra Irán, antes de las elecciones legislativas.
Algunos actores de la industria petrolera han presionado para que se eliminen las obligaciones de control de emisiones, mientras que organizaciones ambientales advierten de que una menor supervisión facilitaría las fugas de metano y aumentaría la contaminación en las comunidades próximas a las explotaciones.