La Policía Federal brasileña detuvo este domingo a tres personas sospechosas de haber ordenado la muerte de Marielle Franco, concejala de izquierdas asesinada el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro.
Los detenidos son el diputado federal José “Chiquinho” Brazão, su hermano Domingos Brazão, funcionario del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, y el exjefe de la Policía Civil de esa ciudad Rivaldo Barbosa, todo lo cual refuerza que el asesinato de la concejala tuvo un móvil claramente político, como destacó el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski.
“Tenemos bien claro” quiénes fueron los “ejecutores” y también quiénes ordenaron “ese crimen odioso, asqueroso, que fue un crimen de naturaleza política”, declaró el ministro en rueda de prensa.
El ministro destacó que, en el informe elaborado por la Policía Federal que condujo a las capturas, existen “claros indicios” de que los autores intelectuales estaban en “conflicto” con Franco, debido a su actuación contra intentos de grupos mafiosos de apoderarse de tierras públicas para “sus operaciones inmobiliarias”.
Según Lewandowski, “el grupo de Marielle tenía fuerte actuación” en la Cámara municipal “en defensa del derecho a la vivienda, la regularización catastral” y el destino social de los terrenos pretendidos por esas mafias, conocidas como “milicias” y formadas por expolicías.
“Todo estaba en contra de lo que esos grupos mafiosos, con fuertes vínculos políticos, querían”, apuntó en la misma rueda de prensa el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, responsable de la investigación.
La detención, de carácter preventivo, fue ordenada por la Corte Suprema, que supervisa la investigación desde hace poco más de un año, cuando fue pasada al ámbito federal, después de unos cinco años prácticamente paralizada en Río de Janeiro.
Según el ministro Lewandowski, también existen claros indicios de que los tres detenidos “interfirieron" y "obstaculizaron” la investigación mientras el proceso judicial estuvo radicado en Río de Janeiro.
Esta misma semana, el ministro de Justicia había anunciado que se esperaban “novedades” sobre el caso, después de que la Corte Suprema aceptara un acuerdo de cooperación judicial con uno de los acusados de asesinar a Marielle Franco, en prisión desde hace cuatro años y quien habría disparado contra la concejala junto a otros dos expolicías.
Se trata de Ronnie Lessa, exagente de policía de Río de Janeiro y miembro de bandas mafiosas conocidas como “milicias”, que operan en la segunda ciudad brasileña, controlan muchos de los negocios ilegales en las favelas y hasta ofrecen pistoleros a sueldo.
Franco fue asesinada a balazos de dentro de su automóvil, en un suceso en el que también murió su conductor, Anderson Gomes.
La concejala, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tenía 38 años, era negra, lesbiana, nacida en una favela y toda su actividad política se volcó a la defensa de los derechos humanos y el combate a los grupos mafiosos que controlan decenas de barriadas en Río de Janeiro.
La familia de la concejala Marielle Franco, asesinada a balazos el 14 de marzo de 2018 en Río de Janeiro, consideró que “la justicia está llegando”, tras la detención este domingo de tres sospechosos de haber ordenado el crimen.
“Estamos más cerca de la justicia, la justicia está llegando”, dijo Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y actual ministra de Igualdad Racial en el Gobierno progresista que preside Luiz Inácio Lula da Silva.
“Es un gran paso para llegar a las respuestas de las preguntas que nos hacemos desde hace seis años: ¿Quién mandó matar a Mari y por qué”, apuntó la ministra y hermana de la activista asesinada.
Por su parte, la viuda de Franco, Mónica Benicio, quien actualmente ejerce como concejala en Río de Janeiro por el PSOL, dijo a periodistas que la detención de los tres sospechosos parece dirigirse hacia “comprobar la tesis de que las milicias actúan como brazo armado de una parte del sistema político”.
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