El arresto del expresidente de Perú Pedro Castillo ha desatado una ola de solidaridad y preocupación por parte de líderes de izquierdistas de América Latina pese a la naturaleza del arresto, fruto de un intento de golpe de Estado.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró este jueves que Castillo había solicitado asilo en México "frente a la persecución infundada de órganos de justicia que han tomado un carácter político".

Aseguró que estos órganos crearon un “clima de indefensión extrema y de persecución puramente política” contra quienes “piensan diferente” y remarcó que Castillo está en "grave riesgo" tras su arresto.

A este postulado se sumó este jueves también el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para el destituido mandatario de Perú Pedro Castillo.

"Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú Pedro Castillo (sic)", expresó Petro en Twitter.

El mandatario agregó que en el caso de Castillo "se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento".

Esta es la segunda declaración que hace Petro sobre el caso de Castillo, pues horas antes aseguró que el destituido mandatario peruano "se dejó llevar a un suicidio político y democrático", al tiempo que abogó por el diálogo en el país vecino.

También el expresidente de Bolivia Evo Morales pidió a la CIDH otorgar medidas cautelares al exmandatario peruano para "preservar su vida".

"El discurso de odio y las amenazas de escarmiento de la derecha peruana y sus medios de comunicación en contra del hermano @PedroCastilloTe ponen en riesgo la integridad de él y su familia”, escribió en Twitter Morales.

Según el exgobernante, "a medida que se conoce más información, el mundo comprueba" que la declaratoria de vacancia aplicada a Castillo en la víspera "fue efecto de una conspiración antidemocrática, política y mediática destinada a perseguir, hostigar y atentar contra un gobierno popular elegido legal y legítimamente hasta defenestrarlo".

Asimismo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que Castillo fue víctima de "una persecución parlamentaria, política y judicial sin límites".