Luego de que hace una semanas, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos rechazara la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, el PT en el Senado pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluar nuevas rutas legales para tratar de frenar el contrabando de esos artefactos a nuestro país y que caen en manos de grupos criminales.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 2015 y 2020 ingresaron ilegalmente a México aproximadamente 2.5 millones de armas, es decir, un promedio de 500 mil por año.
Las consecuencias son comunidades enteras en estados como Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán que han sido desplazadas por grupos armados que emplean fusiles de asalto y armas semiautomáticas de alto calibre, imposibles de conseguir legalmente en México.
“Decenas de miles de muertos, desplazados y comunidades fragmentadas han sido víctimas de un conflicto donde están implícitos rifles, pistolas y municiones producidas legalmente en Estados Unidos”, alertó la bancada liderada por Alberto Anaya
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez y Ana Karen Hernández , encabezadas por el coordinador Alberto Anaya los petistas lamentaron esta decisión por parte de la Corte estadounidense al reforzar la impunidad corporativa y para el caso mexicano tiene consecuencias letales.
Las consecuencias son comunidades enteras en estados como Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán que han sido desplazadas por grupos armados que emplean fusiles de asalto y armas semiautomáticas de alto calibre, imposibles de conseguir legalmente en México, explicaron
Según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, más de 380 mil personas han sido desplazadas internamente por la violencia armada desde 2006.
Sostuvieron que el fallo de la Corte Suprema, perpetúa un modelo asimétrico en las relaciones binacionales ya que México ha cooperado con Washington en temas de seguridad, migración y narcotráfico, pero no ha recibido a cambio la misma disposición para contener el flujo de armas.
Acusaron que ello permite que los grupos criminales sigan adquiriendo armas de forma ilegal en grandes cantidades y las utilicen para cometer diversos delitos en el país.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, las y el legislador señalaron que por negligencia, los fabricantes de armas estadounidenses venden armas sin controles adecuados, lo que facilita el desvío de armamento al crimen organizado en México.
“En lugar de una corresponsabilidad bilateral, lo que el fallo representa es una reafirmación de la soberanía estadounidense sobre las vidas mexicanas: pueden morir por sus balas, pero no pueden exigir justicia por ellas”, mencionaron.
Asimismo, enfatizaron que es necesario que se asuman acciones y penas más severas de parte del gobierno estadounidense para evitar el tráfico ilegal de armas por parte de células delictivas en la frontera norte del país.
“México no puede aceptar que el lucro comercial de unas cuantas empresas valga más que la vida de nuestra gente. La Corte Suprema ha fallado en justicia, pero no podrá silenciar la verdad. Porque cada arma que cruza la frontera sin control es una herida abierta en nuestra soberanía, y cada paso que damos hacia la rendición de cuentas es un acto de dignidad nacional”, aseveraron