La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe especial sobre el trágico incendio ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, tras la explosión de una toma clandestina de hidrocarburo, en el que murieron 138 personas, entre ellas 13 adolescentes y 10 mujeres, y otras 13 resultaron heridas. El documento revela fallas sistémicas y una preocupante falta de debida diligencia por parte de PEMEX y diversas autoridades encargadas de la seguridad, atención y reparación del daño.
Según la CNDH, desde el primer momento se tuvo conocimiento del siniestro y se dio seguimiento a las acciones de atención y respuesta. Sin embargo, el informe concluye que, pese a la magnitud de la tragedia, las medidas adoptadas fueron insuficientes, mal coordinadas y sin enfoque en derechos humanos.
La tragedia comenzó cuando un grupo de personas recolectaba combustible de una toma ilegal. En medio de un contexto de desabasto de gasolina, la noticia se viralizó en redes sociales, atrayendo a más de 800 personas a la zona. Aunque fuerzas federales como la Gendarmería, SEDENA y la Policía Militar llegaron al lugar, no lograron contener a la multitud. A las 18:52 horas se desató un incendio masivo que se convirtió en uno de los accidentes más mortales de su tipo en la historia reciente del país.
La Comisión señala que PEMEX conocía los riesgos derivados del robo de hidrocarburos y de las malas condiciones de sus ductos. A pesar de contar desde 2018 con el llamado Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, las acciones implementadas han sido insuficientes y reactivas, sin atender de raíz el problema.
Entre las observaciones más severas, el informe critica que la empresa estatal ha centrado sus esfuerzos en cerrar tomas clandestinas, pero ha omitido medidas preventivas y de reparación integral, violando su obligación de proteger los derechos de la población y del medio ambiente.
A más de seis años del suceso, el daño ambiental no ha sido remediado, y ni el gobierno federal, estatal ni municipal se han acercado a la comunidad para iniciar procesos de recuperación del suelo. Además, las víctimas y sus familias siguen sin recibir una atención integral, con programas de salud física y emocional a largo plazo.
El informe propone cinco acciones urgentes para las autoridades de los tres niveles de gobierno, entre ellas: crear un plan de remediación ambiental, desarrollar un programa de atención médica y psicológica para las víctimas, y diseñar campañas de prevención y legalidad en zonas de riesgo. Asimismo, se solicita que PEMEX sujete su actividad de transporte de hidrocarburos a evaluaciones de impacto ambiental, y que incremente la capacitación y vigilancia de sus ductos.
La CNDH subraya que la explosión de Tlahuelilpan no fue un hecho aislado ni imprevisible. Fue, más bien, el resultado de un entramado de negligencias acumuladas, de tecnologías obsoletas, estrategias ineficaces y ausencia de enfoque en derechos humanos en la operación de infraestructura crítica como los ductos de PEMEX.
Finalmente, la Comisión considera que este informe es una oportunidad para el Estado mexicano de avanzar en la construcción de políticas públicas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos climáticos internacionales, pero, sobre todo, de garantizar justicia y dignidad a las víctimas de Tlahuelilpan.