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Con 89 votos a favor y 13 en contra, el pleno del Senado aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Población y otras normas. presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca combatir la crisis de desapariciones en el país, mediante cambios como la creación de la Plataforma Única de Identidad, y la CURP biométrica –que incluirá huellas dactilares y fotografía– con la cual las autoridades podrán realizar búsquedas en tiempo real.
La nueva normativa habilita una Plataforma Única de Identidad interconectada en tiempo real, la cual concentrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses.
Esta CURP se convertirá en el documento de identificación oficial con validez nacional y será utilizada tanto en formato físico como digital.
Además, se impone la obligación a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, de permitir el acceso a esta información a instancias como la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad, para facilitar las labores de búsqueda.
La versión digital de la Clave Única de Registro de Población estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que -podrá monitorear de manera continua el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una persona desaparecida o “no localizada”, con el fin de identificar cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información para la investigación, búsqueda, localización o identificación.
Para evitar demoras en la localización de una persona, “en todos los casos, al momento de la presentación de la denuncia se iniciará una investigación y se le asignará el número de carpeta correspondiente”, este sólo hecho activará la emisión de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación en todo el país.
La reforma que se envió a la Cámara de Diputados para los efectos legislativos que correspondan, también ordena a los servicios forenses practicar pruebas genéticas y dactiloscópicas a cadáveres no identificados antes de ser enviados a fosas comunes.
Los resultados deberán registrarse en un plazo máximo de tres días en el Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, se implementará una Ficha de Búsqueda estandarizada, en formatos físico y digital, que será notificada al Registro Nacional de Población para activar mecanismos de alerta mediante la CURP.
Al rechazar esta refirma, el PAN acusó que esta ley promueve un modelo de vigilancia masiva a través de un gobierno espía sin resolver de fondo la crisis humanitaria que enfrenta el país de personas desaparecidas.
“Cómo le vamos a dejar nuestros datos a un gobierno que ha sido hackeado en innumerables ocasiones… No queremos un gobierno espía e irresponsable que expone nuestra información a ciberdelincuentes e incluso a miembros del crimen organizado”, advirtió el senador del PAN, Raymundo Bolaños
Esta ley establece un sistema que integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas con un enfoque tecnológico, interinstitucional y de derechos humanos.
La presidenta de la comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdez pidió dejar de lado los pretextos y los temores infundados sobre espionaje o control político:
“A los seres humanos nunca se les olvida un hijo, a una madre no le podemos decir no sabemos qué pasó, a un padre no le podemos decir aguántese como los machos y llore a su hijo. Por lo tanto, el dictamen que los invito a que hoy aprobemos, no lo regateen. (…) No seamos mezquinos, démosle al pueblo de México una muestra de solidaridad, una muestra de amor”, aseveró
La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, expresó su respaldo a la nueva ley, pero advirtió sobre los riesgos que implica la reforma paralela a la Ley General de Población y recalcó que “se quedó corta”.
“En un país donde reina la inseguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio, es verdaderamente preocupante la falta de mecanismos, de herramientas para garantizar que el gobierno tenga una custodia responsable, una custodia segura de esta información. Nada más y nada menos la información de 130 millones de mexicanos”, señaló.
La senadora del PRI, Karla Toledo, , rechazó tajantemente la propuesta de reforma para implementar una Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos obligatorios, al considerar que se trata de un mecanismo de vigilancia masiva y no una verdadera herramienta para la búsqueda de personas desaparecidas.
Afirmó que la iniciativa no representa una ley de búsqueda ni una solución real a la crisis de desapariciones que enfrenta el país, sino un instrumento de control estatal.
“¿Creen que esto realmente sirve para encontrar a los desaparecidos? Díganme ustedes, ¿de qué servirá una CURP biométrica con todos nuestros datos personales si cuando una madre denuncia una desaparición la mandan a esperar 72 horas o simplemente le piden que regrese otro día?
La respuesta –dijo--es clara, todo este montaje está diseñado solamente para vigilar a la población entera, para poder intimidar o acallar a una persona si así lo decidieran.
“Las desapariciones no se combaten con bases de datos centralizadas, sino se combate con Estado de derecho, con justicia pronta y atención digna”, recalcó
Por su parte, la senadora del PAN, Imelda Sanmiguel, denunció un alarmante incremento en el número de personas desaparecidas en México y expresó su preocupación por la forma en que el gobierno pretende manejar los datos personales de la ciudadanía.
Sanmiguel señaló que 2024 cerró con la cifra más alta de personas desaparecidas en el país, con más de 31 mil casos. Además, entre enero y abril de 2025 se han registrado 5 mil 225 desapariciones, lo que representa un incremento del 26 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Como parte del rediseño institucional, el Sistema Nacional de Búsqueda incorporará a nuevas instancias, incluyendo a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y representantes de procuración de justicia estatales.
También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación sobre desaparición forzada o cometida por particulares.
Las fiscalías deberán consultar esta base antes de iniciar nuevas indagatorias, con el fin de evitar duplicaciones.
Las fiscalías especializadas en desapariciones serán fortalecidas con personal capacitado, unidades de búsqueda inmediata y cibernética, análisis de contexto y áreas de atención a víctimas.
Finalmente, la Secretaría de Gobernación será la responsable de integrar los datos biométricos a la CURP, respetando la Ley de Protección de Datos Personales, y de coordinar un programa específico para incorporar a niñas, niños y adolescentes al Registro Nacional de Población.