La inseguridad y violencia que ejercen los grupos criminales en distintas zonas del país provocaron el desplazamiento forzado de casi 29 mil personas sobre todo en 13 entidades del territorio nacional donde Chiapas es la que más eventos de este tipo registra.
En Chiapas, por ejemplo, se registraron 17 mil 860 personas desplazadas en 20 eventos, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala, donde la disputa territorial por rutas del narcotráfico ha generado una mezcla letal de conflicto social e intervención criminal.
En Sinaloa, la cifra alcanzó 4 mil 480 personas; en Michoacán, los desplazamientos se intensificaron en el segundo semestre del año, con una importante participación de grupos criminales y violencia de género.
Así lo registra el informe ‘Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México’, presentado por el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana donde se advierte que el 79% de los eventos estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas, mientras que apenas 20% respondieron a causas sociales o desastres
El estudio, desarrollado en colaboración con ACNUR, documenta un aumento del 129% en el desplazamiento forzado respecto a las cifras de 2023.
“La violencia ocasionada por grupos del crimen organizado fue la principal causa”, afirmaron las investigadoras del PDH Eugenia Morales y Renata Vadillo
Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos, seguidos de Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Jalisco, Durango, Nayarit y Veracruz.
El desplazamiento forzado se ha disparado en México sin dar tregua pues un informe previo a este documento de ‘Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México’ presentado también por la Ibero contabilizó meses antes, 24,500 personas desplazadas por violencia en México, en cerca de entre 50 y 60 eventos en distintas localidades del país.
Es decir, en dos meses la cifra de desplazados se incremento en casi 5 mil personas, al igual que los eventos donde se sucedieron al pasar de 60 a 72 en este reciente informe.
El informe también denuncia la falta de una cifra oficial nacional y de políticas integrales a nivel federal. “Nuestro objetivo ha sido visibilizar el fenómeno, sobre todo porque la mayoría de los esfuerzos están dispersos en lo estatal y local”, señalaron las autoras.
Aunque algunos estados como Michoacán y Chihuahua han impulsado leyes y protocolos específicos, el fenómeno sigue creciendo en intensidad y cobertura territorial.
INVISIBLES
La crisis de desplazamiento interno que se vive en México es un fenómeno bastante invisibilizado y muy grande, que tiene una tendencia al alza ya que desde 2008 se calculan 392 mil víctimas de desplazamiento forzado en nuestro país, según datos del programa especializado de la IBERO.
Pese a que existen muchos esfuerzos a nivel local y estatal para monitorear los desplazamientos, actualmente hay un “gran vacío” de monitoreo a nivel nacional; el gobierno realiza monitoreo, pero “de una manera muy escueta, sobre todo a nivel federal, a lo mejor tiene datos, pero no son públicos”.
Mientras que las personas que están hablando de estos temas, cada vez son menos porque son silenciadas, desplazadas, etcétera, lamentaron representantes del programa de la Ibero.
A nivel estatal, Oaxaca y Michoacán tienen ya iniciativas de ley en la materia, aunque aún no señalan medidas de reparación claras; mientras que Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas cuentan con una ley local al respecto, cuya implementación no se ha visto tan reflejada en la atención a las víctimas.