Estados Unidos atraviesa una clara transición demográfica. Aunque en menor medida que otros países desarrollados, la natalidad ha disminuido y el porcentaje de población de 65 años o más ha ido en aumento. Además, los jóvenes alcanzan niveles educativos más altos. Entre 2011 y 2021, la proporción de la población mayor de 25 años con título universitario creció de 30 % a 38 %. Este cambio en el nivel educativo de la población ha reducido la disponibilidad de trabajadores dispuestos a ocupar puestos manuales o de baja calificación en un momento en el que el gobierno de Donald Trump intenta reactivar la industria manufacturera y depender en menor medida de la producción extranjera.
Durante ya varias décadas, los migrantes no autorizados —especialmente mexicanos— han ocupado empleos clave en agricultura, construcción, cuidado personal y manufactura. Muchos se insertan en sectores con poca demanda entre la población nativa debido a las condiciones exigentes o los bajos salarios. Según el Pew Research Center, el 4.8 % de la fuerza laboral en 2022 estaba integrada por personas sin autorización migratoria. En estados como California, Nevada, Nueva Jersey, Texas y Florida, más del 7 % de los trabajadores se encuentran en esta situación. Su contribución ha sido esencial para sostener cadenas productivas estratégicas, incluso durante la pandemia.
La política del gobierno de Donald Trumpo hacia los migrantes no autorizados se caracteriza por su hostilidad y la criminalización de la migración. Las redadas en centros de trabajo, la reducción de visas y el endurecimiento de requisitos migratorios limitan tanto la llegada de migrantes con baja escolaridad como la de profesionales con alta calificación. Lejos de fortalecer a la economía estadounidense, estas restricciones pueden contribuir a erosionar su dinamismo.
La paradoja es que mientras se promete“recuperar empleos” y “reindustrializar América”, se expulsa o disuade a quienes hacen posible la producción agrícola, la construcción y la manufactura.
Uno de los sectores que enfrenta una escasez más aguda de mano de obra es, precisamente, la manufactura. Actualmente existen más de 500,000 vacantes sin cubrir, y se estima que esta cifra podría superar los dos millones para 2030 si no se toman medidas oportunas. A esta problemática se suma la dificultad de atraer trabajadores, pues el empleo en la manufactura suele resultar poco atractivo. Ensamblar iPhones, por ejemplo, es la definición misma del tedio: largas jornadas realizando tareas repetitivas, como insertar una y otra vez el mismo pequeño componente, por una remuneración muy inferior al salario mínimo vigente en EEUU (Rattner, S., 2025). Atraer trabajadores nativos implica elevar salarios y mejorar condiciones laborales, lo que encarece la producción, reduce márgenes de ganancia y debilita la competitividad frente a países con costos laborales más bajos. La política migratoria restrictiva puede acentuar este problema estructural.
La contracción de la mano de obra inmigrante en un contexto de declive demográfico, mercados laborales rígidos y alta demanda de trabajadores reduce el crecimiento del empleo y de la economía en su conjunto. Si bien estas medidas pueden elevar ligeramente los salarios de los trabajadores nativos, sus efectos colaterales —incremento de precios, pérdida de competitividad y reducción de la inversión- pueden resultar mucho más significativos. De acuerdo con Mayda y Peri (2025), el descenso en la inmigración puede reducir el PIB estadounidense en aproximadamente 0.7 % anual, lo que equivale a unos 205 mil millones de dólares. Además, esta caída merma el crecimiento de la productividad, impactando de forma negativa los ingresos promedio de los propios ciudadanos.
Los efectos se reflejarán en diferentes sectores: La agricultura y la industria alimentaria enfrentarán aumentos de costos y reducción de producción debido a la falta de trabajadores temporales y permanentes. En la construcción, la escasez de mano de obra puede provocar demoras y encarecimiento de proyectos. Incluso la industria hotelera y de restaurantes se vería afectada por la dificultad de reclutar personal. Estas presiones derivan en un encarecimiento de bienes y servicios que terminaría pagando el consumidor final.
Las restricciones a la inmigración legal y la hostilidad generalizada también reducen la llegada de migrantes con alta preparación, esenciales para la innovación y el emprendimiento. La disminución de la inmigración calificada impacta negativamente la creación de nuevas empresas y en el avance científico y tecnológico. La menor entrada de talento extranjero debilita la competitividad estadounidense en sectores estratégicos como la biotecnología, la informática y la inteligencia artificial.
A nivel local, las consecuencias fiscales también pueden ser notables. La reducción del PIB y de los ingresos generales puede ocasionar pérdidas cercanas a 29,800 millones de dólares en recaudación fiscal federal anual y más de 600 millones en ingresos de gobiernos estatales y municipales. Esta merma en recursos públicos afecta la capacidad de financiar educación, salud e infraestructura en comunidades donde la actividad económica depende en buena medida de los migrantes.
En el mercado inmobiliario, la menor llegada de población reduce de forma modesta los precios de la vivienda y de los alquileres, sobre todo en áreas con regulaciones de construcción estrictas. Esta baja, lejos de revertir la tendencia de carestía en las grandes ciudades puede debilitar la economías local, mermando la vitalidad de comunidades rurales y pequeñas ciudades que durante décadas encontraron en la migración una fuente de dinamismo demográfico y económico.
Las políticas de Trump ignoran que la inmigración no solo aporta mano de obra sino que refuerza la capacidad de adaptación de la economía frente a cambios tecnológicos y demográficos. La pérdida de trabajadores y emprendedores extranjeros reduce la inversión, la productividad y la innovación, tres factores que explican buena parte del crecimiento económico sostenido de EE. UU. en el último siglo.
Cerrar las puertas a quienes sostienen las cadenas productivas mientras se promete reindustrializar es poco viable. Incluso algunos líderes empresariales y cámaras industriales advirtieron que estas medidas ponían en riesgo los esfuerzos de relocalización de la producción, política que la propia administración Trump defendía como pilar estratégico frente a China y otros competidores globales.
La paradoja es evidente: se buscaba traer de vuelta fábricas, pero se expulsaba a los trabajadores que las podrían hacer funcionar. Se promete prosperidad para la clase media estadounidense, pero se recorta la base laboral y se encarecen los bienes de consumo. Las restricciones migratorias no sólo ralentizan el crecimiento económico: también pueden hacer más vulnerable a EE. UU. ante las presiones inflacionarias y la competencia internacional.
En términos demográficos, las consecuencias son igualmente graves. El endurecimiento migratorio frena el crecimiento poblacional en zonas rurales y pequeñas ciudades. Estas áreas, que ya enfrentaban un envejecimiento acelerado y la migración de jóvenes hacia centros urbanos, pueden perder capacidad de mantener escuelas, servicios básicos y actividad económica. La menor llegada de familias migrantes reduce la matrícula escolar, la demanda de viviendas y la vitalidad comercial, en un círculo vicioso difícil de revertir.
La evidencia señala que, aunque la llegada de migrantes plantea retos de integración social, sus beneficios económicos netos son indiscutibles: amplían la fuerza laboral, elevan la productividad, sostienen la recaudación fiscal y dinamizan la innovación. Si Estados Unidos desea recuperar su liderazgo económico y fortalecer su competitividad, no puede basar su política migratoria en la exclusión y el temor. Una estrategia más sensata debe reconocer la realidad de un mercado laboral que necesita tanto trabajadores en ocupaciones manuales como talento calificado en sectores tecnológicos. Los programas de regularización, nuevas vías de migración legal y las políticas de integración son instrumentos más eficaces que las redadas y la retórica del “muro” .