Por unanimidad, (474 votos a favor), la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que reforma el artículo 73 de la Constitución con la que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley contra la extorsión, la cual deberá quedar lista en un plazo no mayor a 180 días.
Tras poco más de tres horas de debate, sobre todo acusaciones, el pleno reformó la Constitución.
Toca ahora al Senado dar el mismo trámite al documento.
En las próximas semanas, los diputados y senadores deberán establecer los tipos penales, así como las penas mínimas y máximas para castigar este delito que se encuentra dentro del catálogo considerados como graves y a los que se impone medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En el régimen transitorio expone que el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.
Se dispuso que las disposiciones legales de la Federación y de las entidades federativas en materia de extorsión continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general.
“El Congreso de la Unión expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos”, de acuerdo con la exposición de motivos.
Además, con la nueva constitucionalización y sucesivamente con la Ley General, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la presidenta de la República y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes.
Es decir, detenciones mediante investigación e inteligencia, fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación y la implementación de una campaña de prevención nacional.
Con esta reforma se afianzará el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde se declaró la atención de este delito y se calificó como de alto impacto.
Hace referencia que la iniciativa por sí misma encuentra una justificación necesaria, urgente e inaplazable. Las cifras y datos demuestran que día con día se comete este delito que atenta contra personas, familias trabajadoras y comercios, el cual además ha presentado un desafortunado crecimiento y evolución en sus modalidades de ejecución
De acuerdo con el Código Penal Federal, se tipificó esta conducta, en 1984. Actualmente, este flagelo ha evolucionado a delincuencia organizada. En ese sentido, el modus operandi supera contundentemente la norma. Por otro lado, existe una diversificación de tipos, puesto que cada estado codificó su tipo penal y su propia sanción, complicando su atención.
El delito de extorsión –expone-- cuenta con elementos y cifras que lo identifican, se advierten modalidades y situaciones que ampliamente justifican la reforma constitucional para otorgar facultades al Congreso de la Unión para la creación de una ley general que armonice, sistematice y homologue, y así combatir adecuadamente el delito descrito