CDMX — Con ocho ministros en el pleno y uno a distancia, Arístides Rodrigo Guerrero, la “nueva” Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), surgida por el “voto popular”, se enfrentó este jueves al escrutinio público, y al debate entre ellos mismos por acciones y controversias constitucionales. Era su primera sesión abierta a “todo el pueblo”. Una sesión con “tropiezos técnicos”, dislates, memes en redes y estudiantes invitados a la discusión de tres resoluciones y quienes abandonaron el salón del máximo tribunal del país dos horas antes de que concluyera la discusión.
El pleno ingresó en el salón casi una antes de la cita a la que se convocó.
A las 10:14 de la mañana se abrió la sesión. Hugo Aguilar, ministro presidente, saludó en mixteco, su lengua materna. Saludó al resto de ministros, y le deseó a su compañero Arístides pronta mejoría ante la convalencia tras el accidente automovilístico que sufrió hace tres semanas.
“Se encuentra en vía remota. Le damos la bienvenida, y te saludamos Rodrigo, me da gusto que te estés recuperando plenamente”, expresó Aguilar Ortiz.
El pleno electo por el voto ciudadano enlistó para su primera audiencia 15 proyectos de resolución. Sólo pudieron resolver tres.
“Ante lo avanzado de la hora (14:20 horas) damos por cerrada la sesión. Y el mallete apagó la transmisión en vivo. El ministro presidente faltó al protocolo de anunciar la siguiente sesión.
En lo que resta del mes, el pleno no se volverá a reunir, conforme a su calendario público.
Al presentar su proyecto de resolución a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la Ley de Salud, Ley Estatal de Salud Mental y Ley de Prestación de Servicios, todas de Chihuahua.
Antes de presentar su resolución, Yasmín Esquivel saludó a todos aquellos que hicieron posible con su voto el cargo de ministra. Dijo que su compromiso es con “el libro que abraza los derechos fundamentales. La Constitución, a ella me debo”, refrendó.
Fue directa a las causales de la invalidez de las normas. Explicó que, de aprobarse su propuesta, el Congreso debería en un plazo de no más de 12 meses ajustar la sentencia: Debe incluirse una consulta en previa, pública, abierta y regular a las personas con discapacidad.
El proyecto causó un debate que evidenció la falta de carrera judicial, debilidad en el complejo conocimiento de la preponderancia de la Constitución y los derechos humanos que protege.
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”,
Había cuatro votos de nueve en favor. Tres en contra.
Hugo Aguilar dijo que era mayoría. Le corrigió el secretario general de Acuerdos, Rafael Coello: “Ministro presidente, son cuatro votos a favor… Conforme a la ley se requieren seis para que la propuesta sea aceptada”:
Hugo Aguilar pidió entonces volver a tomar votación, pese a que previamente el pleno, incluso con la opinión a favor de Yasmín Esquivel, de que el proyecto se regresara y se hiciera un engrose.
Los ministros, salvo Loretta Ortiz y Lenia Batres, se encontraban en aprietos en la defensa de sus posicionamientos: El legislativo local violaba o no los derechos humanos de personas con discapacidad por salud mental.
La ministra salió “sobre hombros”. Se alcanzaron siete votos a favor, dos en contra, uno de ellos de Lenia Batres.
Esquivel Mossa expresó que la consulta es necesaria porque se trata de grupos que históricamente han sido discriminados e ignorados, de ahí que los grupos defensores de las personas con alguna discapacidad enarbolen como lema de su demanda de inclusión las frases: “Todo con nosotros, nada sin nosotros” o más comúnmente “Nada sobre nosotros, sin nosotros”, subrayó.
María Estela Ríos había refutado: “Debemos ser respetuosos de la voluntad del legislativo y no asumirnos más allá de nuestras facultades, si el legislativo ha emitido nuevas normas es porque ha sido elegido democráticamente y pasó por un proceso y, en todo caso, en cada caso concreto de velar la verdadera voluntad del legislador, si la voluntad del legislador fue modificar las normas porque está en su potestad de hacerlo o simplemente trató de impedir que se cumpliera una disposición de declarar inválidas esas normas. Yo creo que primero un caso por caso, pero sí seamos respetuosos de la voluntad del Poder Legislativo, es un poder democrático, lo hace mediante un procedimiento y, en todo caso, no queda fuera la posibilidad de volver a impugnar esas normas…”.
Con un argumento que se ceñía más a los argumentos de Esquivel. Irving Espinoza expuso: “Mirar la realidad desde quienes históricamente han sido excluidos, marginados y desfavorecidos, es una obligación ética, es un imperativo para quienes hemos optado por desarrollar alguna de las ciencias sociales, pero, sobre todo, para quienes hemos decidido ejercer la abogacía como camino para la justicia (…) Tengan la seguridad que el encargo que se me ha confiado tendrá por fin, garantizar los derechos humanos, consolidar el régimen democrático y republicano de nuestra Nación, privilegiando el interés general. El ejercer el derecho de tal forma que, a través de nuestras decisiones se transforme nuestra realidad, pero que principalmente, transforme la de los grupos en situación de vulnerabilidad que durante mucho tiempo han sido excluidos…”.
Eran casi las 13:00 horas. Hugo Aguilar había declarado aprobado el proyecto. “Me voy a permitir decretar un receso de unos diez minutos”.
Para esta sesión se implementaron nuevos mecanismos de discusión bajo acuerdos generales, se presentarían los proyectos de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, cuyas ponencias habían elaborado las propuestas ante de desintegrarse la “Corte neoliberal”
Arístides Guerrero, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzo volvían al debate.
Antes de dar sus argumentos jurídicos constitucionales, como lo hiciera Yasmín Esquivel, el resto reiteró los motivos de por qué ocupar un lugar en el alto tribunal.
Loretta Ortiz: “En esta primera sesión pública de la nueva época quiero reafirmar ante la sociedad mexicana que esta Suprema Corte estará a la altura de su confianza, cada resolución será una oportunidad para demostrar que el derecho puede y debe convertirse en una verdadera herramienta de transformación social…”.
También Giovanni Azael Figueroa: “La sociedad espera que los jueces constitucionales, que integramos este órgano, aaervidores públicos cercanos a la población, dispuestos a escucharla y comprender sus necesidades con un enfoque que promueva una justicia asequible y transparente, que responda a las inquietudes de la misma y refleje sus aspiraciones, por ello, es determinante un diálogo abierto y constante con la comunidad, con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con los diversos niveles de gobierno para fortalecer juntos el Estado de derecho y el bienestar común, asumo ese compromiso…”.f
Eran casi las 13:00 horas. Hugo Aguilar declarado aprobado el proyecto. “Me voy a permitir decretar un receso de unos diez minutos”.
Para esta sesión se implementaron nuevos mecanismos de discusión bajo acuerdos generales, se presentarían los proyectos de Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, cuyas ponencias habían elaborado las propuestas ante de desintegrarse la “Corte neoliberal”
Arístides Guerrero, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos González e Irving Espinosa Betanzo volvían al debate. Una hora después, con un poco más de agilidad en los tiempos, Resolvieron la acción de inconstitucionalidad del Ejecutivo federal contra la Ley de Educación de Yucatán.
Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del sentido de la propuesta y una mayoría, cuando menos, de cinco votos en contra de considerar la medida impugnada como acción afirmativa, expresado los votos por la señora Ministra Herrerías Guerra, el señor Ministro Espinosa Betanzo, el señor Ministro Guerrero García, el señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz, la señora Ministra Ríos González, también en el mismo sentido; no sé si el Ministro Figueroa Mejía si estaba a favor o no
Por último, declararon la invalidez, a través de una controversia constitucional ,interpuesta o presentada por el municipio de San Pedro Quiatoni, Distrito de Tlacolula del Estado de Oaxaca, dijo Batres.
“En este caso, nos está presentando como conceptos de invalidez que el Congreso del Estado de Oaxaca, al emitir el decreto número 2450, vulneró el derecho de sus comunidades a ser consultadas previamente, pues como señala el propio municipio en la demanda, se integra con 30 comunidades y no se analizó el contexto intercultural, pues al arrogarse una facultad exclusiva del Ayuntamiento de San Pedro Quiatoni, se rompería el tejido social”.