El incumplimiento al derecho de acceso a servicios de salud en México se ha incrementado de manera dramática en los últimos seis años en el país pero fue en el 2024, último año del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, donde esta situación se agravó “de manera más profunda”, sobre todo en los hogares de menores recursos donde se registraron 9.7 millones de mexicanos en este escenario.
Ello mientras que en los hogares del Decil X, los de mayor ingreso, fueron 1.8 millones de personas los que se registraron en esta situación de no acceder a servicios de salud, según cifras del INEGI dadas a conocer por investigadores, académicos y expertos en materia de pobreza del CIEP, México Evalúa y Acción Frente a la Pobreza
Este problema está presente prácticamente en todo el país; aunque más acentuado en 8 estados en donde más del 40% de la población carece de acceso a servicios de salud: Chiapas, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y Estado de México.
Los datos del INEGI muestran, además, que la carencia por servicios de salud afecta al 75% de las personas en extrema pobreza (5.2 millones) y al 59% de quienes viven en pobreza (22.6 millones de personas)
En 2018 un total de 20.1 millones de personas (16% de la población) tenían carencia por acceso a servicios de salud, cifra que se publicó en 2024 al llegar a 41.9 millones de personas (34% de la población).
Es decir, en 6 años se incrementó en 21.8 millones el número de personas que no tenían acceso a algún servicio de salud.
Durante una mesa de análisis titulada “La gran inversión que falta: acceso efectivo a la salud” , Judith Méndez, directora adjunta de Investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Carlos Vázquez. investigador del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas, de México Evalúa; y Paulina Gutiérrez, directora operativa de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza acusaron que los datos del INEGI sobre la reciente medición de la pobreza en México muestran que el derecho a la salud tuvo un retroceso significativo: de 2018 a 2024 la población sin acceso a servicios de salud se duplicó, al pasar del 16% a 34%.
Esta situación –advierten--frena la movilidad social de las personas y afecta en mayor medida a los hogares de menores ingresos, por lo que urge tomar medidas efectivas para garantizar a todas las personas el cumplimiento del derecho universal a la salud.
Además, de las personas ocupadas, 36%, que corresponde a 22.7 millones, también presentan esta carencia, con mayor incidencia en las que tienen menores ingresos: son 3 millones de personas que se ubican en el Decil I, contra 1.2 millones de quienes están en el Decil X.
En su exposición, Judith Méndez, del CIEP, destacó el incremento en el gasto de bolsillo que están realizando las familias para atender su salud, que en 2024 aumentó en 8% con respecto a lo que gastaban en 2022.
Urgió la necesidad de invertir más en el sector, pues mientras en 2018 se destinaba el 4.6% del PIB, para 2016 se perfila que sea alrededor del 1.7%.
“Mientras menos invirtamos como país, esta presión se está trasladando al bolsillo de los hogares, en donde alrededor del 40% se destina a la compra de medicamentos”, puntualizó.
En tanto, , Paulina Gutiérrez de Acción Ciudadana frente a la pobreza, comentó que para acelerar de forma sostenida la reducción de la pobreza, urge invertir en garantizar un piso de derechos sociales para todas las personas y así cerrar las brechas de desigualdad.
Carlos Vázquez apuntó que el problema que enfrenta el sistema de salud del país es la disparidad en la atención, el cual está vinculado a la situación laboral de las personas; en donde 34% se atienden en el sector público, 66% en el privado y 6% no se atiende.
Además, destacó el alto costo que destinan los hogares en la compra de medicamentos, que en 2024 fue de 480 pesos al trimestre, poco más del doble de lo que gastaban en 2018, que fueron en promedio 222 pesos.
Por ello, sugirió revisar experiencias internacionales exitosas para hacer más eficiente la atención de la población sin estar sujeta a su estatus laboral, así como transitar hacia un sistema integral, en colaboración con el sector privado.