CDMX — Al analizar la improcedencia del juicio de amparo en el primer día de audiencias públicas, las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados escucharon a diversos expertos amparistas que puntualizaron hasta dónde el dictamen a la minuta va a extender el interés legítimo para que se conceda la protección de derechos humanos.
La iniciativa de reforma analizada y aprobada por el Senado y enviada a la Cámara baja como cámara revisora modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
Con el tema de “Improcedencia”, expertos constitucionalistas, académicos y abogados expusieron sus opiniones ante los legisladores de las comisiones lideradas por Morena.
Dentro de la improcedencia se analizó el cobro de créditos fiscales y la suspensión de obras, entre los temas más relevantes.
En esta primera mesa participaron el abogado y vicepresidente del Consejo Directivo de Reinserta, José Barrios Moreno. Luis Curiel Piña, representante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE). Magdaleno Villanueva Flores, doctor en derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Víctor Manuel Solís Buitrón, especialista en derecho empresarial y pena. También Juan Pablo Gómez Fierro, abogado y maestro en derecho en la Universidad Panamericana. Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado y profesional en asesoría y litigio administrativo y constitucional. Andrés Alcántara Silva, académico y litigante. Daniel Torres Checa, asociado senior de la firma de derecho constitucional Conesa & Moreno Abogados, y Jesús Octavio Salgado Pelayo, abogado en litigio mercantil.
En general expresaron inconformidad si el interés legítimo se reduce para interponer el amparo indirecto, instrumento al que se recurre contra “derechos difusos” o de la colectividad.
Sin embargo, para especialistas como Arely Reyes Terán, excandidata a ministra, la reforma es necesaria para limitar el abuso de los amparos relacionados con los créditos fiscales.
Explicó que este instrumento es muy recurrido por empresas que revocan decisiones del SAT, e inician un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa, y cuando el fallo no le es favorable, avanzan al Tribunal de Circuito, y llegan al amparo indirecto. En ese lapso dejan de pagar sus obligaciones, incluso sacan su dinero de México y eso es, puntualizó, un daño al Estado mexicano, a las arcas públicas.
“Lo único que está haciendo esta reforma es ajustar o dejar claro, más bien, en la Ley de Amparo, lo mismo que la Corte ya ha resuelto, que existe realmente un interés legítimo, de que tiene que haber de alguna manera una afectación”.
Este reforma frenará a los diputados de oposición que al no contar con 33 por ciento de fuerza legítima para interponer amparos, ya no tendrán posibilidad de frenar obras públicas, como lo hicieron con Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
“Esta figura del interés legítimo de afectación a derechos humanos se endureció con la exministra presidenta de la Corte, Norma Piña, para que cualquier asociación X de del norte viniera a interponer un amparo contra una obra del sur, ¿no?”, explicó en entrevista con Crónica.
En tanto, Jazmín Bonilla, también excandidata a la SCJN y actual magistrada en la CDMX, el debate debe dejar claro: “Hay que ver hasta dónde el interés legítimo queda abierto o cerrado. Si el interés legítimo o si queda muy cerrado, si lo cierran más de lo que está, entonces se blindaría el amparo indirecto y entonces todo lo que hemos avanzado en materia de protección de derechos que le llamamos colectivos o difusos se complicaría. Y eso sería un detrimento de la ciudadanía, ¿no? Cosas de medicamentos, cosas de tratamientos, cosas de derechos medioambientales, todas esas cosas se complicarían”.
Para los ponentes de este viernes, la reforma “representa un reto y exigirá que los ciudadanos y empresas comerciantes tengan mayor diligencia en el cuidado de sus operaciones”.