Controversia — México, como parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está obligado a respetar la voz y voto de este sector social y no excluirlo, criterio al que se opone por completo el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que de avanzar en la Suprema Corte de Justicia de lña Nmación (SCJN), los dejaría en la vulnerabilidad.
Frente a este panorama, la Máxima corte del país llamó a discutir los criterios que promueve Lenia Batres para evitar que, en contra de acuerdos internacionales, validen reformas legales que afecten a las personas con capacidades diferentes, esto, aun cuando dichas modificaciones a la ley les afecten directamente.
La primera derrota de Batres Guadarrama fue el apoyo, al interior de la Corte, para abrir el diálogo con organizaciones civiles, aunque la premura en la selección de participantes ha hecho que organizaciones civiles lanzaran un llamado de alerta sobre la inaccesibilidad que habrá para muchas personas con discapacidad.
En efecto y paradójicamente, el diálogo sobre los criterios de Batres, que afectarían a todas las personas a las que antes se denominaba “discapacitadas”, corre el riesgo de ser poco considerado para que las llamadas personas con capacidades diferentes lleguen hasta él.
Organizaciones y activistas en favor de los derechos de estos grupos consideran como esencial utilizar la audiencia pública sobre la propuesta de la ministra Batres, aunque su postura inicial promueve la posibilidad de dejar de ser escuchados al realizar reformas que afectarían sus derechos.
México es parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está en completa oposición a lo que Batres propone.
Hasta el momento más de 700 asociaciones se han pronunciado en contra de la propuesta de la ministra y exigen que se preserve sin alteraciones la disposición internacional por una sencilla razón: “sólo las personas con discapacidad sabemos qué necesitamos”.
De cara a la audiencia pública, el próximo lunes, en la sede de la SCJN en la que se prevé la presencia de los nueve ministros del pleno que se comprometieron a escuchar a las personas con discapacidad, la periodista y activista Katia D’ Artigues advierte en entrevista con Crónica que: “En un nuevo criterio, en el mundo ideal de la ministra Lenia Batres, debe preservarse el derecho a la consulta, no puede haber una posición que se aleje de esa convención. Nosotros confiamos en esa voluntad. Hemos avanzado, pero falta muchos, tanto en lo legislativo como en la política pública que, aunque a veces chocan, debe la Corte ser garante de los derechos establecidos en el artículo 1 de la Constitución”, señala la activista y madre de un joven con discapacidad intelectual.
En un posicionamiento de estas organizaciones se precisa que en cerca de 40 asuntos en los que se combatió la falta de consulta a este sector, la Suprema Corte estableció como criterio sustancial que cada vez que se prevean disposiciones legales que incidan directamente en los derechos de las personas con discapacidad, existe la obligación de consultarles previamente a la toma de decisión del Poder Legislativo.
“Este mecanismo implicó superar el modelo rehabilitador’ -en el que estas personas eran sujetos pasivos de la ayuda que se les brindara para favorecer el ‘modelo social’, el cual se enfoca en las barreras existentes en la sociedad que afectan el pleno ejercicio de sus derechos, entre los que se encuentra la participación directa y efectiva de este grupo en la toma de decisiones que les atañe”, se expone.
El próximo lunes, ministros de la Corte recibirán en audiencia pública a organizaciones que representan a este sector poblacional y manifiestan que no permitirán revés a convención internacional pro persona.
Frente a este panorama, la ministra Lenia Batres ha movilizado a organizaciones de personas con discapacidad “ante la amenaza” de sufrir un revés con su propuesta.
La Crónica de Hoy 2025