El envío de mensajes a la población en situaciones de emergencia, eslabón esencial de cualquier sistema de alerta temprana en Protección Civil, se mantiene empantanado en el país desde hace 10 años.
Burocracia, indiferencia, incapacidad, falta de recursos y obstáculos de las empresas telefónicas han hundido el proceso, de acuerdo con diversos documentos revisados por este diario.
La inoperancia ha atravesado ya tres gobiernos: el de Peña Nieto, el de López Obrador y el actual de Sheinbaum.
En contraste, en la década de 2015 a 2024 han fallecido 6 mil 057 mexicanos por desastres naturales y antrópicos (producidos por acciones humanas en contra del medio ambiente), según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), en su último reporte de impacto socioeconómico, publicado apenas el 7 de octubre.
Más del 60 por ciento de las muertes se derivan de eventos hidrometeorológicos.
En este mismo lapso, las pérdidas materiales ascendieron a 314 mil millones de pesos.
Aunque el recuento total de 2025 está pendiente, los estragos provocados por lluvias torrenciales e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro ofrecen una pista del nivel de los daños: 72 decesos confirmados y 48 personas aún desaparecidas.
Conforme a lineamientos establecidos por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la comunicación de riesgos a ciudadanos es una de las cuatro piezas vitales para salvar vidas. Los otros tres son: conocimiento previo de riesgos, monitoreo y capacidad de respuesta de gobiernos y comunidades.
“La implementación de los sistemas es compleja, se requiere la intervención de profesionales en diferentes ámbitos, si falta uno de los componentes, no funciona, hay quienes creen que una alerta temprana es un atlas de riesgo, un aparato que mide, una pantalla que monitorea, una herramienta que envía mensajes o un protocolo. No, es todo eso, en un trabajo de coordinación”, señaló en entrevista el maestro Luis Pérez Ortiz Cancino, ex director de Análisis y Gestión de Riesgos en el Cenapred y quien tiene más de 35 años de experiencia en este campo.
FARSAS. El fallido proyecto de enviar mensajes de alerta a la gente en caso de inminentes fenómenos naturales como huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas y sismos, se remonta a la creación del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en junio de 2013, como órgano autónomo para supervisar la explotación del espectro radioeléctrico y redes públicas de telecomunicaciones. La dependencia fue sustituida recién por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, ahora dependiente de la llamada Agencia de Transformación Digital.
La Ley Federal en la materia, expedida en julio de 2014, ya mandataba a las concesionarias a instrumentar mecanismos de Protección Civil, en un capítulo especial de seguridad y justicia: “A fin de prevenir a la población en situaciones de emergencia, las comunicaciones que se generen con motivo de dichas situaciones deberán recibir tratamiento prioritario y gratuito”.
El 2 de diciembre de 2015 el IFT emitió un acuerdo -publicado en el Diario Oficial de la Federación- sobre los lineamientos del plan. En el apartado XLVII señaló: “Los concesionarios y autorizados darán prioridad a las comunicaciones y mensajes, conforme al protocolo de priorización de las autoridades federales de Protección Civil. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) proporcionará la información necesaria de los números geográficos que recibirán esta prioridad”. Y en el XVVIII estableció: “Dichas comunicaciones serán destinadas a los polígonos específicos afectados por la emergencia o desastre, sin costo alguno para los usuarios”.
En enero de 2016, incluso, se conformaron mesas de trabajo y se prometió el diseño de un protocolo común de alertamiento, el cual tendría difusión simultánea en todo el país.
Nada pasó en cuatro años, hasta el 30 de enero de 2020, ya con la autodenominada 4T, cuando el Instituto publicó un acuerdo más con las directrices de la famosa “alerta común”. Las telefónicas, apuntó en el capítulo III Lineamiento Noveno, debían “realizar y permitir las adecuaciones necesarias de su infraestructura, sistemas y/o instalación de interfaces, para la correcta recepción y difusión de los mensajes de alerta”. Para el caso del servicio móvil, se les pidió realizar la difusión tanto por la vía de una aplicación como a través de la tecnología Cell Broadcast Service (CBS, por sus siglas en inglés), la cual permite mandar un mismo mensaje a todos los usuarios registrados en una determinada zona geográfica.
“La aplicación móvil será desarrollada por los concesionarios, pero será administrada por la Coordinadora Nacional”, ordenó el IFT, y advirtió de sanciones por incumplimiento.
En los artículos transitorios dio a las telefónicas un año (365 días naturales) para iniciar la difusión de mensajes de alerta mediante aplicación móvil. El plazo venció el 31 de enero de 2021, sin avances.
De manera contradictoria, también señaló la necesidad de someter a la Coordinación Nacional a un proceso de preparación técnica y financiera, el cual le permitiría declararse lista para poder compartir los mensajes a concesionarios mediante la ya referida tecnología CBS, en un plazo de tres años.
Se incumplieron todos los tiempos y pasos. La pandemia de COVID 19 fue utilizada como justificación. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) se unieron para extender el plazo hasta el 31 de julio de 2021 y forzar a la CNPC al desarrollo y disposición de la dichosa aplicación móvil y reducir de tres años a 18 meses -reto inalcanzable en el papel para una institución debilitada en presupuesto y capacitación técnica- el envío de mensajes por medio de CBS, según Acuerdo de modificación del 23 de julio de 2021.
La CNPC, a cargo de la historiadora Laura Velázquez Alzúa, se declaró lista para el envío de mensajes a concesionarios hasta dos años después, el 6 de junio de 2023, según publicación en el DOF. Pero esa declaratoria resultó de papel…
El IFT, el cual integraba un comité técnico para brindar un servicio integral -junto a la CNPC y el Cenapred-, desapareció en el camino.
En septiembre de 2024, el ya moribundo gobierno de López Obrador, lanzó un anuncio entre hurras: el día 19 de ese mes, en recuerdo de los sismos de 1985 y 2015, se difundiría por primera vez un mensaje de alerta en los mensajes celulares, pero sólo de los habitantes de la Ciudad de México y área conurbada. Lo llamaron, de manera errónea, “sistema de alerta temprana”.
Al final, se aclaró, no sería un mensaje, sino un sonido efímero, y estaría supeditado a la actualización del teléfono, sistema operativo, funcionamiento y cobertura. Sin embargo, como casi todo en ese sexenio, el experimento resultó un fiasco: muchos no recibieron la notificación, a otros les llegó a destiempo y a algunos se les envió varias veces.
Las fallas se repitieron el 29 de abril pasado, en el primer simulacro nacional de este año…
FANFARREAS. Sin reparar en el historial de pifias e incompetencias en una década, apenas el 17 de septiembre de 2025, la coordinadora Velázquez Alzúa apareció en la conferencia mañanera: “Este próximo 19 de septiembre, por primera ocasión, y por instrucciones de la Presidenta de México, se realizará una prueba a nivel nacional para el envío de un mensaje a todos los teléfonos celulares que se encuentren en México. Este sistema fue desarrollado a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Seremos el cuarto país del continente con este alertamiento celular”.
Y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, presumió: “Es un sistema en tiempo real, sin ningún tipo de retraso. Lo probamos en abril: el 98 por ciento de las torres de telefonía celular en la Zona Metropolitana replicaron la alerta y esperamos ahora que nuestras tasa sea aún mayor”.
Se habló de una cobertura de 80 millones de usuarios en el país; en los días posteriores nadie confirmó el porcentaje de alcance.
“Han trabajado para lo sísmico, que es el ámbito donde menos funciona esta tecnología. Lo que nos mandaron el 19 de septiembre fue una prueba controlada, en un ambiente regular, donde alguien apretó el botón y ya”, señaló Pérez Ortiz Cansino, profesor-investigador en protección civil y gestión de riesgos en la Universidad Autónoma de la CDMX.
“La herramienta debería encaminarse a eventos en los cuales hay más tiempo: huracanes, tormentas e inundaciones, pero ¿pueden decir que están tecnológicamente preparados cuando no hay en el país monitoreo en pequeña escala o cuando no hay coordinación con estados y municipios para alertas regionales? No hay preparación: ni de la Coordinadora ni del país. El uso de medios que en teoría están disponibles va muy lento. Es la idea de venderle a la gente cosas que aún no están listas”.
Más de 6 mil muertos en diez años, de acuerdo a las siempre conservadoras cifras oficiales; 72 en las últimas lluvias e inundaciones catastróficas.
“Nadie nos avisó nada”, han reprochado afectados en La Huasteca y Sierra Norte.
¿Y los millones gastados?...