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México, artífice del convenio internacional para proteger derechos humanos de personas con discapacidad, está en riesgo de una grave imagen moral y legal. El país se juega en una opinión ‘justificar’ el trato diferenciado entre visitas a centros penitenciarios y a centros de internamiento de personas con discapacidad, conforme a nuevas leyes lesivas en Michoacán. En supuesto nuevo criterio de Lenia Batres, más bien modulado, se exige a personas que este sector obtenga 30 firmas para sólo considerar si sus quejas tienen validez, dice en entrevista con Crónica Francisco Javier Munguía, de Yo También

Ministro Irving Espinosa, ¿villano o héroe de derechos humanos de personas con discapacidad?

CDMX — En la etapa de campaña electoral en la que Irving Espinosa Betanzo participaba como candidato a ministro del Poder Judicial decía a Crónica, en charla telefónica para agendar una entrevista periodística, que su acercamiento a pie con los capitalinos lo tenían preocupado por tantas ‘injusticias’. Cuatro meses después ocupa una silla en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Su voto será mediático. O se pone de lado de la ministra Lenia Batres y de Hugo Aguilar - la cúpula más íntima de la 4T- que defiende que los Congresos locales, la mayoría de ellos dominados por Morena, no gasten presupuesto para consultar a personas con discapacidad sobre reformas de política pública que no les incluya, a menos que tengan 30 firmas para poder opinar.

Lenia Batres pidió que se le adjudicara resolver el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 182/2024, documento en el que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán reclama invalidar leyes por el trato diferenciado de las personas en prisión y de las personas con discapacidad.

-Francisco, ¿la acción de inconstitucionalidad de la CEDH de Michoacán está fundada?

-La Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, en el proyecto de sentencia de la ministra Lenia Batres dice: “’La justificación del trato diferenciado que realizan las leyes impugnadas se puede deducir de la propia norma en cuestión’. Sin embargo, esta justificación no se encuentra en la norma impugnada y el proyecto recurre a la motivación del decreto para justificar la distinta frecuencia de las visitas a centros penitenciarios y centros de internamiento de personas con discapacidad. Lo más grave es que estas leyes, para derribarlas, tiene que ser mediante firmas que nosotros tenemos que recabar, mucho más complejo de lo que debería de ser, cuando antes solamente se comprobaba que no se hizo consulta, que no se escuchó a las personas con discapacidad y la ley se declaraba inconstitucional. Ahí terminaba el tema.

- El tema es la invalidez de normas generales que hacen a un lado la consulta a personas con discapacidad, ¿cómo entendemos el impacto en el día a día si la Corte no encuentra motivada la acción de inconstitucionalidad?

-Es un tema presupuestal, porque las comisiones estatales están castigadas en presupuestos, cada año más. Y nosotros, la sociedad civil, y las comisiones estatales, que actuaban por oficio, ahora van, ¡vamos!, a tener que coordinarnos para poder meter acciones de inconstitucionalidad, sin recursos, porque en este contexto nos pide que sean las comisiones estatales o la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablen por nosotros, pero organismos que están sumamente castigados en materia presupuestal. Todo eso significa recursos, movilidad para las personas con discapacidad. En mi intervención, el pasado miércoles, en el último día de las audiencias públicas para escuchar a las personas con discapacidad, destaqué que en la CNDH hay un equipo de trabajo, es un mecanismo de seguimiento de la convención, que debe velar por el cumplimiento del convenio creado de 2016, y22z contó con un presupuesto. Este 2026 no va a tener presupuesto, desapareció el presupuesto para el mecanismo de seguimiento al respeto del convenio. Entonces, lo que la ministra va a proponer es que sean las comisiones estatales de derechos humanos junto con la sociedad civil, mediante firmas. Lenia Batres no solamente nos quiere cargar, como sociedad y a las comisiones, la tarea, que sí o sí deberían hacer poderes legislativos, de realizar consultas, llevarles firmas, y echarles en cara que sus leyes nos afectan, y nos debemos movilizar con dinero de todas las personas con discapacidad.

Francisco Javier, a Lenia Batres: “¿cuántas atrocidades, vivir con ratas, chinches, violaciones sexuales a niñas, niños… le tenemos que contar contra personas con discapacidad?

“La consulta a personas con discapacidad como parte fundamental del proceso legislativo es un derecho, no una concesión, no atención. Ya se ha dicho mucho en estas audiencias, así lo establece el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución en su artículo 1°. Cualquier acción contraria, incluyendo el abandono del criterio que declara en automático la invalidez de normas por falta de consulta u obviar el contenido de la convención como parte del parámetro de control constitucional, resulta regresivo y violatorio de la Carta magna y el derecho internacional lo que al final se traduce en una sola pregunta capacitista, paternalista y limitada. ¿Quieres que impugne a tu nombre esta norma ya proyectada?

Francisco Javier tiene 23 años. Pertenece a la organización Yo También. Es activista y periodista. Al describirse físicamente durante la última audiencia pública en la Corte fue modesto en sus cualidades. La elegancia de su lenguaje superó a su saco azul… Dijo lo que nunca ha dicho Lenia Batres en la exposición de su proyecto de resolución para aniquilar derechos humanos de las personas con discapacidad

“Me permito compartir con ustedes el informe de la Organización “Disability Rights International” de 2019, titulado “Crímenes de Lesa Humanidad. Décadas de Violencia y Abuso en las Instituciones para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad”, donde se documentan graves violaciones a los derechos humanos. El texto refiere al Albergue “La Gran Familia”, ubicado justamente en Michoacán. Entre las conductas que reporta, destacan: falta de personal especializado, infraestructura adecuada y recursos financieros, instalaciones obsoletas, inseguras, con condiciones de hacinamiento, prácticas de aislamiento, sometimiento e incluso tortura, presencia de chinches, pulgas, ratas y cucarachas. Alta tasa de mortalidad infantil. En ocasiones, por asfixia, las niñas y niños al intentar darles de comer, absoluto desinterés social, abandono familiar, falta de alimentación, medicamentos, vestido y mobiliario, agresiones, abusos sexuales y violaciones entre las y los internos o cometidos por el personal a su cuidado, sin método anticonceptivos de por medio, embarazos no deseados y abortos provocados, además de explotación laboral, trata y tráfico de menores”, dijo en la audiencia.

-Esto depende de votos, lamentablemente son votos políticos para resolver la acción de inconstitucionalidad

-Estos abusos se cometen en contra de niñas, niños y adolescentes, respecto de los cuales el Estado y esta Suprema Corte tienen un deber reforzado de cuidado para proteger su interés superior. Tras enlistar los hallazgos este centro en Michoacán, yo les dije; ‘les pregunto: ministras y ministros – pero en particular a usted, ministra Batres–, ¿en verdad el derecho a la consulta y participación de las personas con discapacidad debe ocurrir hasta después de cometidas todas estas atrocidades? Debo resaltar, aunque son pocas firmas, actualmente se piden 30, en 2027, cuando ya entre en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares solamente se van a solicitar 15 firmas.

-Fueron horas de audiencia. ¿cómo ¿ves que se dé un voto claro, en el pleno de la Corte? Los votos entre la 4T

-La ministra mantiene el discurso: “No quiero invadir facultades de los poderes legislativos porque no nos corresponde, porque somos un tercer poder. No podemos nosotros involucrarnos en esas tareas”. Es decir, ministra, debe estar consciente que hoy día usted fue electa democráticamente. Usted ya también elige y encarna una voluntad popular y por tanto también debe escucharnos. Ya no es tanto la invasión de facultades, sino la simple, el simple respeto de las leyes y de la Constitución de la cual usted debería ser la máxima garante como ministra del acto tribunal, de ámbitos jurisdiccionales o ámbitos del poder público, como es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

-¿De ahí que una mayoría de ministros le otorgue razón?

-No lo sé, pero tengo claro, por sus posicionamientos en estas audiencias públicas, que Irving Espinosa Betanzo tiene un voto definitorio en el respeto a los derechos humanos. Son cuatro votos que nos protegen Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Rodrigo Arístides, Giovanni Figueroa y el decisivo es de Irving Espinosa, aunque se manifestó en favor de nosotros, esperamos ese boto, confiamos.

YO TAMBIÉN Francisco Javier Munguía cuestionó a Lenia Batres: " ¿Cuántos horrores quiere escuchar para defender derechos humanos?"

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