La política peruana Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros durante el breve gobierno de Pedro Castillo, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras solicitar asilo diplomático en la Embajada de México en Lima. La medida, confirmada por la Cancillería peruana el 3 de noviembre de 2025, provocó una inmediata ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Chávez enfrenta una investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, derivados del fallido intento de Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La ex primera ministra fue detenida preventivamente, pero en septiembre pasado el Tribunal Constitucional del Perú ordenó su liberación al considerar que la prolongación de su prisión había sido irregular. Desde entonces, la Fiscalía había solicitado restringirle el contacto con embajadas extranjeras ante el riesgo de fuga.
La ruta hacia la Embajada de México
De acuerdo con declaraciones de testigos y documentos fiscales, el día del intento de golpe, Chávez habría ordenado a su chofer dirigirse hacia la Embajada de México, aunque ella lo negó, afirmando que su destino era su domicilio. Sin embargo, en los últimos días la exministra se presentó formalmente en la sede diplomática mexicana y habría pedido asilo político, alegando persecución judicial y falta de garantías en el proceso en su contra.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sostuvo que su país tiene una larga tradición de asilo humanitario y político, y que la solicitud de Chávez se analizará “conforme al derecho internacional”. En tanto, la presidenta peruana Dina Boluarte calificó la decisión como una “intromisión inaceptable en los asuntos internos del Perú”, ordenando romper relaciones diplomáticas y retirar al personal de su embajada en Ciudad de México.
La solicitud de asilo de Betssy Chávez se suma a una serie de tensiones que han marcado las relaciones entre Perú y México desde 2022, cuando ambos gobiernos chocaron tras la detención de Pedro Castillo. Analistas coinciden en que este nuevo episodio agrava la polarización política en Lima y complica la diplomacia latinoamericana, donde el derecho de asilo vuelve a ser protagonista de los debates sobre soberanía, justicia y protección internacional.