CDMX — Gilberto de Guzmán Bátiz García asumió la tarde de este miércoles la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en una ceremonia solemne en la que presentó que su eje de trabajo comprende un eje de compromisos, y uno de ellos es la racionalidad administrativa.
Ante invitados a su investidura, como el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y de integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros, Bátiz García dijo que para llegar al TEPJF le dio la vuelta a México en 60 días, tiempo que duró su campaña como candidato al cargo.
Bátiz García pronunció un discurso que arrancó un largo y sonoro aplauso al exponer la visión que tiene del trabajo desde la justicia electoral, ésta que también necesita de justicia para fortalecer la democracia mexicana.
“Hemos aprendido, y creo que, en conjunto, que la democracia es frágil, y si no se cuida todos los días, esta puede desmoronarse. Nuestro país ha vivido momentos en que la voluntad popular ha sufrido presiones indebidas o violencia que amenace el libre ejercicio del voto. La historia también nos ha enseñado que el abuso de poder y los excesos partidistas pueden erosionar la valiosa confianza ciudadana. Y cuando esa confianza se rompe, el desencanto abre la puerta, tanto a la indiferencia como a otros males mayores”, destacó ante diputados y otros funcionarios.
El ahora magistrado presidente advirtió que la democracia no puede darse por sentada, que debe defenderse con reglas claras, instituciones íntegras y resultados confiables, que la ciudadanía pueda sentir y palpar en su vida cotidiana.
Antes de enunciar sus cinco compromisos de trabajo, enfatizó que no debe dejarse de ver que la justicia se demanda desde abajo, por lo que se tiene que ir a territorios, trabajar en equipo, que es deber constitucional, y este mandato exige transparencia, exige cercanía y exige sobre cualquier consideración la voluntad de colocar, por encima de cualquier diferencia personal o política, el interés superior de la democracia y de la justicia electoral.
Como primer punto, dijo que su compromiso es la colegialidad funcional. Trabajar en equipo, lo que no es una cortesía, sino un deber constitucional y moral ante la población.
“Un Tribunal dividido, un Tribunal puesto en polarización incluso mediática, no sirve a México. Pretendo, desde esta responsabilidad, ser el catalizador de soluciones y no un generador de conflicto.
Como segundo compromiso, propuso un Tribunal cercano a la gente, por lo que debe recorrer el territorio, debe escuchar de viva voz, debe explicar sus decisiones y debe fortalecer también un quehacer conjunto como lo es la educación cívica, sobre todo en los grupos históricamente discriminados y los vulnerables.
“Puedo decir que lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora difícilmente se defiende”, destacó.
Tercero, decisiones que fortalezcan la estabilidad y la gobernabilidad. México, dijo, es un país con retos externos y retos internos que son complejos, la justicia electoral debe ser pilar de paz social y certeza democrática.
“Las juezas y los jueces constitucionales, que muchos de nosotros aquí somos, debemos también tener una obligación jurídica, una responsabilidad republicana, conducirnos con una visión de Estado que permita la transmisión del poder de una forma legal, legítima y sin conflictos”
Como cuarto, realizar un aterrizaje administrativo ordenado y racional. La reforma judicial reciente del año 2024 multiplicado, junto a la Reforma Electoral que se encuentra en discusión y que estará en curso en los próximos años, exigen también un reajuste del aparato administrativo y esto no está exento, pues, tampoco de la justicia electoral.
“Habremos de ser sensibles a las condiciones del país”, empeñó su palabra en ello.
Sostuvo que se revisará con responsabilidad los ajustes presupuestales que fortalezcan la racionalidad del gasto, esto sí, sin comprometer la independencia de las instituciones, porque también la independencia se protege con estabilidad institucional.
Y quinto. Una justicia con rostro humano. “Sensible a la diversidad del país y comprometida con un federalismo vivo, como lo hemos dicho en campaña. Porque no es lo mismo aplicar la ley en San Pedro Garza García que en San Pedro Chenalhó. Las reglas podrán ser las mismas, pero las condiciones sociales son distintas, y la justicia debe de entender y atender esas condiciones del contexto. Los derechos políticos, como bien lo sabemos, son la puerta al resto de los derechos fundamentales”, refrendó el magistrado presidente.
