En sesión celebrada este martes, la reparación del daño, una parte medular del nuevo sistema acusatorio, sufrió un duro revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte determinó que no pueden entregarse mayores recursos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esto luego de que no se alcanzó una mayoría de 6 votos.
Las ministras Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, María Estela Ríos y Lenia Batres, se rehusaron a tomar una decisiuón que hubiera obligado al legislativo a conceder un porcentaje anual del Presupuesto de Egresos de la Federación para quienes han sufrido los efectos de un delito.
Las mismas Ministras y Ministros se negaron a solicitar al Congreso que reestructurara un nuevo sistema financiero para garantizar un presupuesto anual para la atención de víctimas. La posibilidad de recuperar lo que se había perdido en el año 2020, cuando bajo la administración de López Obrador se le quitó a dicha Comisión un presupuesto anual fijo y permanente, quedó sepultada en la Corte.
Las ministras y ministros Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Giovani Figueroa, Arístides Guerrero y Hugo Aguilar, consideraron que sí resultaba inconstitucional que, en el año 2020, el Congreso hubiera eliminado el porcentaje del 0.014 por ciento del Presupuesto Federal para resarcir las afectaciones de índole patrimonial, a la integridad física, e inclusive, a la vida, de quienes han sido víctimas directas o indirectas de la comisión de algún delito.
La decisión está llamada a ser polémica, pues toda la reforma al sistema judicial se orienta ahora a priorizar la reparación del daño. Esta situación dejará a numerosas personas en la incertidumbre de saber cuándo y cuánto habrán de recibir como compensación por haber resentido los efectos de una conducta delictiva, sobre todo en aquellos casos donde la impunidad las revictimiza profundamente.
Con la decisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá conformarse con los recursos derivados de la venta de los bienes decomisados, suma variable e incierta, en lugar de contar, como lo había tenido hasta el año 2020, con un porcentaje fijo y conocido del Presupuesto Federal.
En sus intervenciones los ministros que votaron a favor de la propuesta de mantener un porcentaje anual fijo explicaron que, por disposición constitucional, el Estado Mexicano estaba obligado a la reparación integral de los daños físicos y emocionales de las víctimas de los delitos. No obstante, las cuatro ministras y ministros que se opusieron a ello, expresaron que era suficiente lo que ya recibía dicha Comisión Ejecutiva y finalmente su oposición resultó determinante.
El organismo de atención a víctimas tendrá mucho menos recursos para poder atender a las personas que buscan apoyo económico y atenuar su situación por haber sido víctimas de una conducta penalmente sancionada.
(Arturo Ramos)