Alejandro Gertz Manero habría presentado su renuncia al frente de la Fiscalía General de la República (FGR). Sólo falta la confirmación oficial.
El fiscal, cuyo periodo legal concluye en 2028, aparece en el centro del debate impulsado por filtraciones, versiones cruzadas y la confirmación de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibió una carta de la Cámara Alta, documento que analizará a detalle antes de fijar su postura.
Ante este panorama, vale la pena recordar los casos que manejo la FGR en el periodo de Gertz Manero y que marcaron la agenda política durante años.
¿Qué casos tomó la FGR al frente de Gertz Manero?
La Fiscalía de Gertz Manero impulsó procesos que alcanzaron a integrantes de la élite política heredada de sexenios anteriores. El caso de Emilio Lozoya Austin se convirtió en el estandarte de esa estrategia.
El exdirector de Petróleos Mexicanos enfrentó acusaciones de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos ilícitos relacionadas con Odebrecht y la compra irregular de Agronitrogenados.
Otro proceso que definió esta etapa fue el de Rosario Robles, señalada por su papel en el desvío multimillonario de recursos atribuido a la Estafa Maestra. Aunque su defensa logró que un juez sobreseyera el proceso por ejercicio indebido del servicio público, la intervención de la FGR en el caso configuró un precedente en el tratamiento judicial de exsecretarios de Estado.
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también entró en la mira de la Fiscalía. La imputación por lavado de dinero y delincuencia organizada provocó un choque institucional al momento de valorar su fuero y las facultades del Congreso local.
Gertz Manero y FGR vs. miembros de la 4T
El caso más reciente y que incluyó causó polémica en la 4T fue la detención de Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”, dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, quien se encontraba prófugo en Paraguay.
Gertz Manero informó que la investigación que involucra al extitular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco, nombrado por el ahora Senador Adán Augusto López Hernández, por su presunta relación con un una organización delictiva inició en el año 2024, a raíz de una denuncia por casos de extorsión en contra de gasolineros. Derivado de dicha indagatoria fue posible establecer que él y varios de sus colaboradores estuvieron involucrados en delitos del fueron común.
Una vez que las autoridades estatales obtuvieron la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad solicitaron el apoyo de la FGR para que les ayudara a localizarlo luego de haber abandonado el país.
“Se hizo un trabajo muy minucioso, se obtuvo la ficha roja y a partir de ese momento, con el apoyo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, se pudo establecer con las autoridades de Paraguay la presencia de este individuo en ese lugar”, apuntó Gertz.
Controversias que marcaron la FGR dde Gertz
El episodio más sensible para la figura del fiscal surgió del caso de Alejandra Cuevas Morán. La mujer fue detenida por la muerte de Federico Gertz, hermano del titular de la FGR, un proceso que derivó en críticas públicas debido a la naturaleza familiar del conflicto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino y, en marzo de 2022, ordenó su liberación absoluta tras señalar que la figura penal utilizada carecía de sustento jurídico.
La institución enfrentó otro frente público por la acusación contra 31 investigadores del sector científico, a quienes se les imputó delincuencia organizada por el manejo de recursos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La comunidad académica calificó la imputación como desproporcionada, y la presión social obligó a revisar el alcance de la actuación del Ministerio Público Federal en ese conjunto de expedientes.
En otro caso, la postura de la FGR en torno al caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda generó también mucha polémica. Tras la detención del exsecretario de Defensa en Estados Unidos y su repatriación posterior, la dependencia decidió no ejercer acción penal al argumentar que las pruebas remitidas por el Gobierno estadounidense resultaban insuficientes.
Por último el expediente Iguala ocupó otro espacio central en esta etapa. La investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa avanzó con nuevas órdenes de aprehensión, procesos contra altos mandos militares y exfuncionarios, y una revisión profunda de la llamada “Verdad Histórica”.