El Senado impulsa modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor para imponer multas que van desde 56 mil 570 hasta dos millones 345 mil pesos a las empresas que incurran en “acoso telefónico comercial” en detrimento de millones de personas.
La Comisión de Defensa de los Consumidores del Senado aprobó el dictamen de un proyecto de reforma en materia de “acoso telefónico comercial”, para considerar como práctica abusiva de comercio la realización de llamadas telefónicas no autorizadas por el consumidor, reiteradas e insistentes, con fines comerciales y de persuasión.
Con ello se plantea la obligación de las empresas de consultar al consumidor si desea recibir información publicitaria mediante llamadas; en caso de negativa, las compañías deben notificar la decisión a la Procuraduría Federal del Consumidor, para su inscripción en un Registro Público contra el Acoso Telefónico Comercial
Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora del PAN y promovente de la iniciativa, subrayó que las llamadas telefónicas con fines de telemarketing son un problema social muy fuerte en el país, pues, acusó, todos han recibido este tipo de llamadas que han llegado incluso al grado de acoso comercial.
Explicó que en la Ley Federal de Protección al Consumidor ya está regulado el asunto, aunque insistió en que su propuesta busca fortalecer las normas, además de dotar a la autoridad de “dientes” para la defensa de los ciudadanos, ya que, aunque muchos han manifestado a las compañías que ya no quieren recibir llamadas comerciales, se sigue abusando del uso de datos comerciales.
“Todo mundo, en nuestro celular, ya hasta sabemos cuáles son los números y mejor decimos ‘no contesto’, o en el momento en que contestas escuchas la voz del comercial y cuelgas, o antes de que te propongan o planteen algo dices ‘no, gracias’, ‘estoy ocupado’, ‘tengo trabajo que hacer’; eso ha sido lo cotidiano”, expuso
En tanto la presidenta, de dicha comisión, la morenista, Cynthia López Castro, recordó que un importante número de personas del país ha recibido innumerables llamadas telefónicas al celular con fines comerciales.
Por ello—detalló—se plantea imponer multas que van desde 56 mil 570 hasta dos millones 345 mil pesos a las empresas que infrinjan la negativa de los usuarios a recibir publicidad.
“Espero que, nos estén escuchado todas aquellas empresas que siempre están haciendo el uso de datos personales, insistentemente con las llamadas telefónicas, y que una vez que uno dice ‘ya no me llamen’, siguen hablando constantemente”, apuntó la senadora.