Especialistas y representantes de la sociedad civil presentaron los resultados del análisis de valoración sobre el contenido de grasas trans en productos de alto consumo el cuál reveló que el 35% de los productos analizados incumplen con el límite legal de Ácidos Grasos Trans (AGT) establecido en el artículo 216 Bis de la Ley General de Salud.
Los hallazgos muestran que, en muchos casos, los niveles reales de AGT superan lo declarado en las etiquetas, lo que representa un riesgo directo para la salud de la población, particularmente en enfermedades cardiovasculares.
La reforma legal de marzo de 2023 prohíbe el uso de aceites parcialmente hidrogenados y limita a un máximo de 2 g de AGT por cada 100 g de grasa total, alineándose con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Las doctoras Isabel Grijalva y Amparo Nieblas del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo resaltó que el consumo regular de AGT incrementa el nivel de lipoproteína LDL Colesterol aumentando el riesgo de enfermedades coronarias y mortalidad.
A su vez, la doctora Ivonne Ramírez Silva, del Instituto Nacional de Salud Pública subrayó que el contenido de ácidos grasos trans (AGT) en alimentos evidencian importantes brechas en el cumplimiento de la regulación en el país, ya que en varios productos, los niveles reales superaron lo declarado en la etiqueta y el 35% incumple el límite máximo establecido por la Ley General de Salud.
Puso como ejemplo la leche de fórmula, por lo que es imperativo fortalecer la vigilancia y garantizar que los alimentos mexicanos cumplan con los estándares en nutrimentos requeridos para proteger la salud de la población”. A su vez, el doctor Fernando Terreros Calle, recordó que la presencia elevada de grasas saturadas y trans en productos industrializados no es solo un desafío nutricional: es un problema de derechos humanos, porque afecta directamente la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes crezcan con salud, bienestar y dignidad.
“Garantizar este derecho requiere decisiones valientes: regulación, vigilancia, educación y un compromiso estatal que priorice la salud pública sobre intereses comerciales. Esa es la ruta para que el derecho a la alimentación saludable sea una realidad para todas las generaciones”, estableció.