La nueva Ley de Aguas aprobada por Morena fast track en el Congreso afectará a dos millones de productores agrícolas que ya no podrán heredar, vender o ajustar los volúmenes del agua que están en su propiedad, pues esta nueva legislación elimina la posibilidad de transmitir los derechos de ese vital líquido en la mayoría de los casos.
“Es el inicio del fin a la propiedad privada en México”, advirtió la dirigencia nacional del PAN.
Asimismo, las concesiones dejarán de ser parte de su patrimonio provocando que se devalúen sus predios y que se quede el campo y la industria sin mayor inversión, aseveró el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero
El dirigente panista acusó que así como se apropiaron tramposamente del Poder Legislativo, del Judicial y ahora del agua, Morena busca poner fin a la propiedad privada para apoderarse del patrimonio de las familias mexicanas.
“Morena vuelve a sentirse dueño de todo y ahora atenta contra la propiedad privada, regresando a un gobierno estatista que cada vez le quita más derechos a la gente y ahora el de la propiedad sobre el agua”, aseveró
Romero alertó que Morena no solo quiere controlar el poder, la justicia, la economía y la seguridad, ahora también quieren controlar el agua de todo el país.
Explicó que con esta nueva ley se concentran todas las decisiones en el Gobierno Federal, estados municipios, productores y comunidades quedan subordinadas a la Conagua, pese a que esta dependencia no tiene los recursos necesarios ni materiales ni humanos para cumplir cabalmente con la encomienda.
SIN RECURSOS
“Los más preocupante es que la misma iniciativa reconoce que Conagua no tiene hoy ni el presupuesto, ni el personal suficiente pero aun así le entregan todo el control”
Además, señaló, que el gobierno podrá reducir o reasignar agua sin análisis previo, lo que resulta muy grave porque cualquier comunidad, empresa o agricultores pueden perder su acceso al agua en solo 20 días.
Expuso esta ley permite declarar zonas de escasez sin criterios técnicos lo que permitiría al gobierno tomar agua de un estado y enviarla a otro, sin compensación y de manera totalmente discrecional.
“Esto no es ordenar los recursos hídricos de la nación, es centralizar toda decisión sobre el agua, atentando contra la mínima y elemental propiedad privada en México”, aseveró