En un giro legislativo que ha captado la atención de toda la sociedad, la Cámara de Diputados ha aprobado una nueva reforma que establece penas severas para quienes distribuyan y promuevan el uso de vapeadores en lugares públicos. Esta medida, que ha generado una amplia discusión, busca regular el consumo de estos dispositivos y evitar su proliferación, especialmente entre los jóvenes.
La decisión, aunque polémica, responde a las crecientes preocupaciones sobre los efectos negativos para la salud que podrían tener estos aparatos, sumados a la falta de una regulación clara en el país.
¿Cuántos años de cárcel podrían obtener las personas que promuevan los vapeadores?
En el dictamen, que tomó poco más de tres horas, fue aprobado por 324 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 129 en contra, de PRI, PAN y MC.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella (Morena), señaló que esta resolución buscará penas para personas que ejerzan la producción, comercialización, importación y publicidad de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Por lo tanto, quienes infrinjan estas resoluciones podrán enfrentar una pena máxima de uno y hasta ocho años de cárcel. Asimismo, deberán pagar multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, es decir, 226 mil 280 pesos mexicanos.
Zenteno, para reforzar su moción, señaló que “La reforma establece una prohibición absoluta de su producción, comercialización, importación, exportación y publicidad, (pero) quiero subrayar con toda claridad: no se sancionará al consumidor individual. La sanción recae únicamente en quienes pretenden adquirir estos dispositivos con fines de comercialización, distribución o lucro”.
Es importante destacar que la sanción no está dirigida a los consumidores individuales de vapeadores, es decir, no se castigará a quienes utilicen estos dispositivos en su tiempo libre. El objetivo de la reforma es atacar el mercado ilegal y la comercialización de estos productos, no a los consumidores casuales.
Oposición acusa “autoritarismo”
Sin embargo, la medida ha generado controversia, especialmente entre los partidos de oposición, que advirtieron sobre el potencial auge del mercado negro de vapeadores. Para los opositores, la criminalización podría fortalecer a los grupos del crimen organizado, que tomarían el control de la venta ilegal de estos dispositivos.
Asimismo, los detractores de la ley argumentan que la prohibición total podría dar lugar a un aumento en el mercado negro de vapeadores. En lugar de erradicar el problema, creen que la medida podría fortalecer las redes de distribución ilegal, lo que a su vez dificultaría el control y regulación de estos productos.
Además, algunos opositores señalan que la criminalización de los consumidores podría ser contraproducente, ya que no aborda de manera efectiva las causas subyacentes del consumo de vapeadores, como la falta de información sobre los riesgos asociados con estos dispositivos. En lugar de enfocarse exclusivamente en la penalización, proponen una estrategia más integral, que incluya campañas de concientización, educación y tratamiento para quienes ya están enganchados al vapeo.
Apoyo del sector salud
La propuesta también ha recibido el respaldo de diversos grupos y asociaciones de salud pública, que celebran la iniciativa como un paso hacia la reducción de los riesgos asociados al consumo de nicotina y otras sustancias perjudiciales. La Asociación Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax (AMNC) y la Fundación contra el Cáncer han aplaudido la reforma, considerando que el vapeo representa un riesgo significativo, tanto para los usuarios como para las personas que están expuestas al humo de segunda mano.
Los expertos en salud pública han insistido en que el vapeo puede tener consecuencias a largo plazo, especialmente en términos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, señalan que los estudios sobre los efectos del vapeo aún son limitados, lo que hace que sea aún más urgente tomar medidas para evitar la normalización de estos dispositivos en la sociedad.
¿Qué sigue ahora?
La reforma aún debe pasar por el Senado, donde se espera que se realicen algunos ajustes antes de su aprobación definitiva. Si bien la medida ha generado un debate polarizado, lo cierto es que está marcando un precedente en la forma en que México aborda el consumo de sustancias perjudiciales. Mientras algunos celebran la iniciativa como una victoria para la salud pública, otros cuestionan la efectividad de las penas y la viabilidad de la implementación de la reforma.
Lo que es claro es que el tema de los vapeadores está lejos de resolverse y seguirá siendo una cuestión de debate a medida que los estudios sobre sus efectos en la salud sigan evolucionando.