La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó un nuevo esquema que obligará a que cada número telefónico quede asociado directamente con la identidad de su usuario. Con esta decisión, arrancó la cuenta regresiva para que, en los próximos días, cualquier persona que cuente con una línea móvil deba registrarla con sus datos oficiales.
El organismo sostiene que la medida pretende reducir delitos como la extorsión, que continúa repuntando pese a los esfuerzos institucionales para contenerla. La iniciativa retoma intentos previos de crear un padrón nacional de telefonía, los cuales no lograron los resultados esperados.
¿En qué consiste el nuevo padrón telefónico?
El 8 de diciembre, la CRT aprobó los lineamientos del registro que exigirá que cada línea móvil —nueva o activa— quede vinculada a una persona física o moral. Con ello, se pretende que cualquier comunicación pueda rastrearse hasta su titular, ya sea un individuo o una empresa.
¿Cuándo entra en vigor y qué documentos pedirán?
A partir del 9 de enero de 2026, quienes tengan un plan de prepago deberán proporcionar sus datos personales. Las personas físicas tendrán que presentar su credencial para votar y su CURP para asociar su número, mientras que las personas morales deberán comprobar su RFC para registrar sus líneas vigentes o nuevas contrataciones.
Las compañías telefónicas estarán obligadas a verificar más de 140 millones de líneas activas. Para ello, los usuarios tendrán que mostrar una identificación oficial; posteriormente, la información será cotejada con bases de datos institucionales independientes.
Señalan posibles vulnerabilidades en el manejo de datos
Especialistas advirtieron, desde antes de la aprobación, que el nuevo padrón podría comprometer la seguridad de la información personal de más de 26 millones de usuarios, en especial de aquellos que utilizan operadores móviles virtuales, si no se establecen reglas claras.
En octubre, Víctor Ruiz, CEO de Silikn, alertó que el riesgo de que estos datos sean filtrados es alto si no se determinan con precisión las responsabilidades de cada parte involucrada en la protección de la información, lo que dejaría a los usuarios expuestos.