Con 76 votos a favor y 37 en contra, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir de manera absoluta la producción, comercialización, importación, exportación y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el territorio nacional.
El dictamen que fue turnado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, establece penas de uno a 8 años de prisión para quienes pretendan comercializar, distribuir o lucrar con estos dispositivos y multas que van de 11 mil a 226 mil 280 pesos.
Sin embargo, esta nueva ley establece de manera explícita que ni el consumo ni la posesión para uso personal constituirán una infracción.
Vapeadores: ¿quiénes serán sancionados?
Las sanciones aplicarán únicamente para quienes, con fines de comercio o lucro, busquen adquirir, distribuir, transportar o almacenar vapeadores y cigarrillos electrónicos.
“Solamente aquellos que producen, comercializan y obtienen lucro indebido de ellos son los que van a ser sancionados”, señala el documento aprobado.
Al presentar el dictamen, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que hay un incremento acelerado del consumo de vapeadores entre adolescentes, pese a que contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular.
Afirmó que el Estado cumple su deber de prevenir riesgos y cerrar vacíos legales que hoy permiten un comercio en la ambigüedad.
“El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”, afirmó
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, criticó el dictamen, y acusó a la mayoría de Morena de impulsar cambios “confusos”, sin evidencia técnica ni análisis de impacto regulatorio, lo que convierte a la iniciativa en “una caja negra”.
Aseveró que la reforma incentiva el mercado ilegal y recordó que la prohibición no ha impedido la venta de cigarrillos a menores.
“Deberíamos, en lugar de prohibir, regular y asumirnos como Estado que debe regular y castigar las conductas ilícitas”, señaló.
La senadora del PAN, Gina Campuzano, calificó la iniciativa como “el acto de magia más cínico”, y afirmó que mientras la mayoría oficialista presume una “cruzada histórica por la salud”, en realidad impulsa “una cortina de humo legislativa para tapar un México en llamas”.
Campuzano acusó que la prohibición de vapeadores favorecerá al crimen organizado, ya que empujará estos productos a un mercado negro sin control sanitario:
“Ustedes con esta ley están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud y lejos de proteger la salud la van a agravar, porque la gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo”, afirmó.
A su vez, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, anunció que su bancada no acompañaría el dictamen al considerar que contiene un elemento “central e irreparable”: la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores.
Acusó al gobierno federal de renunciar a regular y a vigilar este mercado, optando por “la salida fácil” de la prohibición absoluta.
“Estamos empujando a niñas, niños y adolescentes al mercado negro donde nadie está presentando ni pidiendo identificaciones para adquirir estos productos, donde no se regula un consumo máximo, no existen multas ni consecuencias para quienes vendan productos a menores de edad”, aseguró.
Vapeadores: ¿Qué queda prohibido?
Las reformas detallan que queda prohibido:
• La producción, preparación, fabricación, mezclado y envasado.
• El almacenamiento, transporte con fines comerciales y distribución.
• La importación, exportación, venta y suministro de vapeadores y dispositivos análogos, incluidos los desechables o de un solo uso.
• Cualquier acto de publicidad o propaganda, en medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos o cualquier otro formato.
El dictamen aprobado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud no sólo para prohibir de manera absoluta los cigarrillos electrónicos y vapeadores, sino también para fortalecer la atención de la salud frente a los riesgos que implican estos productos, especialmente entre adolescentes.