Un tribunal federal sentenció a 89 años de prisión a Sánchez Gálvez, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, tras ser encontrada culpable del delito de secuestro agravado, cometido en complicidad con su pareja sentimental y otros integrantes de una banda delictiva.
De acuerdo con la resolución judicial, la ahora sentenciada participó activamente en la privación ilegal de la libertad de varias personas, quienes fueron retenidas con fines de extorsión. Las investigaciones acreditaron que el grupo operaba de manera organizada, seleccionando a sus víctimas y exigiendo pagos económicos a cambio de su liberación.
Las autoridades señalaron que el fallo se emitió luego de un proceso judicial prolongado, en el que se presentaron pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron establecer la responsabilidad penal de la acusada. La sentencia contempla la pena máxima prevista en la ley, debido a la gravedad del delito y a la participación reiterada en los hechos.
Según información del caso, las víctimas permanecieron privadas de la libertad durante varios días y fueron sometidas a amenazas mientras se negociaba el pago del rescate. Una vez que se concretó la investigación, los responsables fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.
El Poder Judicial precisó que el parentesco de la sentenciada con una figura pública no influyó en el proceso, y que el caso fue tratado conforme a derecho, respetando el debido proceso y las garantías legales de las partes involucradas. Asimismo, se destacó que la condena busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a delitos que atentan contra la libertad y la seguridad de las personas.
Hasta el momento, Xóchitl Gálvez no ha emitido una postura oficial sobre la sentencia dictada contra su familiar. Autoridades federales reiteraron que la responsabilidad penal es individual y que las investigaciones se conducen sin considerar vínculos políticos o familiares.
El delito de secuestro es considerado uno de los más graves en el sistema penal mexicano, por el impacto físico, psicológico y social que genera en las víctimas y sus familias. En este sentido, la Fiscalía subrayó que continuará fortaleciendo las acciones de persecución penal contra grupos dedicados a este ilícito.
Con esta resolución, el caso queda en una etapa avanzada, aunque la defensa aún podría interponer recursos legales conforme a lo establecido por la ley.