CDMX — En el marco de una posible reforma electoral, desde ponencias de magistrados de la Sala Superior del TEPJF advierten que reto imposible de superar, incluso con sentencias firmes, es la violencia hacia mujeres en espacios políticos, “eso no va a terminar”, lamenta en entrevista Fernando Ramírez Barrios (Parte I )
Aunque voces jurídicas se decantan por “creerle a la víctima”, la violencia política de género es una práctica difícil de aniquilar, por costumbres arraigadas que encuentran un dique contra cualquier ley sancionadora, porque “la revisión de la carga de prueba” hace perder a las mujeres.
Y así lo afirma el Fernando Ramírez Barrios, secretario instructor del equipo ponente del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña.
-¿Cuál es el reto que le falta resolver al tribunal electoral contra la violencia política de género?
-Desafortunadamente es un tema que no termina, y que no va a terminar. Y lo digo porque sin las costumbres, las prácticas tan arraigadas que se imponen en nuestro país. Y aunque constantemente el tribunal ha establecido, y sí ha establecido y sigue estableciendo criterios de avanzada en sentencias, es también que esas prácticas se arraigan más con disposiciones jurídicas como la revisión de la carga probatoria, de prueba. Y esto es mportantísimo, porque entonces la víctima ya no nada más es víctima, o sea, además de sufrir la violencia también tiene que sufrir la burocracia, ¿no? De ratificar ante las instituciones y presente las pruebas, etcétera. Es un tema en el que hay mucha oportunidad de ver qué se puede mejorar, ¿no? ¿Dónde se puede atacar, seguir atacando?
Ramírez Barrios, excandidato a una magistratura en la primera elección dentro del Poder Judicial, encabeza la autoría de la obra “Entre la Constitución y la campaña política”, presentada en la última edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que recoge enormes datos sobre la sobrerrepresentación “popular” de diputaciones, deja muy en claro que, en el Tribunal Electoral, los integrantes de la Sala Superior y de las salas regionales, hay personas comprometidísimas con erradicar y eliminar VPG (Violencia Política en razón de Género)”.
En noviembre pasado, Mónica Aralí Soto Fregoso, expresidenta del TEPJF, y actual magistrada de la Sala Superior, señaló que las redes sociales son hoy el espacio donde más se agrede a mujeres en la política.
Y tan es así que ella misma decidió no tener cuentas personales en línea, y se tuvo que autocensurar como medida de autoprotección, pero eso, dijo, le ocurre a muchas mujeres, lo que termina inhibiendo la presencia de este sector en la competencia por los espacios públicos de poder.
En 2021, el Tribunal determinó que” la viralización masiva de mensajes ofensivos, discriminatorios o sexualizados contra mujeres en la política constituye violencia digital y debe ser sancionada conforme a la ley”.
En 2022, este mismo tribunal solicitó a Meta ampliar sus políticas para detectar la violencia política de género en sus plataformas.