La reforma electoral, las negociaciones para la revisión del T-MEC donde se prevé que México se vea obligado a realizar concesiones en temas de seguridad con Estados Unidos así como la debilidad en la inversión como resultado de la incertidumbre generada por la implementación de reformas como la judicial, son tres de los 10 riesgos políticos más desafiantes para México en este 2026.
De acuerdo a un análisis de la consultora Integralia, tres condiciones del entorno político hacen de 2026 un año de riesgo político elevado en México.
La primera es la concentración de poder en la coalición gobernante, la cual favorece la toma de decisiones arbitrarias, la aprobación de leyes riesgosas para el entorno de negocios y reduce los canales para la defensa jurídica y la interlocución política para las empresas.
La segunda es el lento crecimiento de la economía mexicana donde la falta de certidumbre jurídica, un ambiente regulatorio complicado y la volatilidad del entorno internacional (sobre todo, vinculada a la política exterior de Trump) impiden un crecimiento robusto de la economía mexicana.
En medio de la incertidumbre que se vive por el factor Trump, la revisión del T-MEC que se convertirá en una renegociación—según Integralia—añadirá una fuerte dosis de presión en el escenario de riesgos para México pues se prevé que nuestro país se vea obligado a realizar concesiones en temas de seguridad con Estados Unidos.
Pero también cederá barreras no arancelarias, contenido regional y contención a China (en inversión y comercio), lo que ocasiona incertidumbre para los inversionistas y desafíos logísticos y de costos de operación para las empresas mexicanas
De acuerdo al análisis de Integralia, “los 10 Riesgos Políticos para 2026”, la Reforma Electoral que se perfila aprobar en el Legislativo en febrero próximo será el tema prioritario en la agenda legislativa y política del primer semestre del año con implicaciones aún impredecibles para el país.
Algunas de las implicaciones que detectó este documento, es que habrá menor pluralismo y una mayor sobrerrepresentación del partido mayoritario, es decir de Morena, así como Poderes legislativos más subordinados a los Ejecutivos y e resumen una mayor concentración de poder y menor rendición de cuenta
Otra consecuencia crítica es que habrá una mayor debilidad de los partidos de oposición que conlleva una menor competitividad electoral y una mayor injerencia de financiamiento ilegal a campañas.
Paralelo a ello habrá una menor capacidad operativa del INE para organizar elecciones y un mayor riesgo de infiltración de funcionarios electorales con fines políticos sumado a una mayor politización del INE y menor rigor profesional para organizar elecciones con la consecuente pérdida de confianza ciudadana.
EN EL ALAMBRE
No obstante no perfila que esta Reforma Electoral enfrente fuertes resistencias incluso por parte de los aliados de Morena, en este caso el PT y e PVEM por lo que se refiere a los cargos plurinominales y a las prerrogativas de los partidos, es decir, los recursos públicos que se les canalizan.
Por ello, no se descarta que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum pueda tener sufrir cambios importantes.
INTERVENCIONISMO
Otro factor a seguir en este 2026, será el aumento del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina (incluido México) pues ello produce tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias no previstas elevando el riesgo político a nivel hemisférico.
Asimismo se pronostica que se prolongue la debilidad de la inversión como resultado de la incertidumbre generada con la implementación de reformas previamente aprobadas (judicial, órganos autónomos, Ley de Amparo, aduanas, aguas, entre otras), así como por las señales contradictorias del gobierno, particularmente en sectores clave como energía, telecomunicaciones e infraestructura.
Eso sin contar los problemas que se perfilan con el nuevo Poder Judicial donde la politización, la falta de experiencia y el afán de sus integrantes de mostrar una justicia “cercana a la gente” en su primer año de labores, ocasionen fallas procedimentales, retrasos en los tribunales y sentencias con poco sustento jurídico, afectando a empresas específicas y al clima de negocios en general.