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La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, afirmó que si se encuentran irregularidades en el caso serán comunicadas a la FGR

Secretaría Anticorrupción mantiene abiertas investigaciones tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Raquel Buenrostro Sánchez (Andrea Murcia Monsivais)

La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, confirmó este miércoles que la institución lleva a cabo varias investigaciones en torno al caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico con el fin de indagar sobre posibles omisiones o irregularidades relacionadas con esta tragedia registrada en doiciembre pasado en Oaxaca y que dejó 14 muertos.

Buenrostro precisó que la dependencia a su cargo había auditado el año pasado a la empresa encargada del Tren antes del siniestro ocurrido cerca del poblado de Nizanda, Oaxaca.

Sin embargo, afirmó que realizarán nuevas auditorías administrativas con mayor profundidad y en caso de encontrar alguna irregularidad, pasarán el caso a la Fiscalía General de la República con el fin de que se ejerza justicia en el caso.

“Nosotros no hacemos auditorías forenses, pero hacemos auditorías administrativas; y si surgiera algo, podemos denunciar ante la Fiscalía General de la República, para que ellos realicen las auditorías forenses correspondientes”, confirmó la funcionaria.

El Corredor Interoceánico, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país, aunque también ha enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, seguridad y oposición de algunas comunidades.

Sobre la tragedia que cobró 14 vidas, la presidenta Claudia Sheinbaum comunicó la semana pasada que ordenó se aceleren los procesos para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y determinar las causas que causaron el descarrilamiento del tren, a la vez que reiteró que se compensará a las víctimas “conforme a la ley” y que no habrá impunidad.

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