“La persecución política de la que han sido víctima los periodistas de Campeche se extiende ahora en contra de los académicos”, denunciaron académicos, investigadores, estudiantes y docentes de diversas instituciones de educación superior. Mediante un documento, signado por más de 80 académicos, y que ha sido replicado por personalidades como José Woldenberg, expresidente del extinto Instituto Federal Electoral; Jacqueline Peschard, exconsejera del IFE y excomisionada presidenta del igualmente extinto Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), así como por el exrector unamita José Sarukhán, acusa que el gobierno morenista de Layda Sansores está echando mano de su gestión, absoluta y sin contrapesos, para reprimir a quienes como José Alberto Abud, recién destituido a modo, de la rectoría de la Universidad Autónoma de Campeche (UACM), mantienen una actitud crítica sobre su gestión.
El gremio universitario, y académico en general, señaló que tras la detención del entonces rector, acaecida el día martes 13 enero (por supuestamente llevar consigo cinco gramos de cocaína) obedece a un intento del Gobierno del Estado, por castigarle en virtud de sus opiniones “autónomas” en contra de éste. Aunque liberado el miércoles al término de la audiencia inicial, el Abud, de 73 años de edad deberá afrontar un proceso penal en su contra.
En adición, la misiva enarbola el hecho de que apenas liberado, Abud fue destituido de su cargo en la casa de estudios en una sesión express del Consejo Universitario, órgano que tuvo a bien designar a Fanny Guillermo Maldonado cabeza a modo de la rectoría interina.
“Vamos a luchar por libertad y por la justicia social”, declaró Abud tras su liberación; su abogado, Edwin Trejo amplió el diálogo al manifestar que el académico verá determinado estatus jurídico el próximo domingo 18 de enero, cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso.
Trejo arguye que no se siguieron los protocolos correspondientes durante la detención del rector, además, explicó que no existen pruebas que acrediten de forma satisfactoria que el universitario efectivamente se hallara en posesión de la supuesta droga. En consonancia el jurista aseveró que los policías involucrados en la detención trasladaron el vehículo a la fiscalía, acto que contraviene los debidos procedimientos toda vez que la unidad debía permanecer en el sitio en el que se efectuó la requisa de la presunta sustancia para que personal especializado pudiera documentar el origen certero y la ubicación real de la evidencia.
“Que se respete la ley orgánica de la UACAM y cese la injerencia externa en los asuntos internos de la institución”, figura como otra de las exigencias de los signatarios, además de aquella que demanda un proceso justo y respetuoso para el hoy exrector; “La autonomía universitaria es la potestad que tienen las instituciones para gestionarse sin la intervención del poder político. Su defensa es la vocación que todos los académicos hemos decidido acoger con la convicción de que es el entorno propicio para la formación de nuestros estudiantes”.
ANUIES
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en voz del secretario Luis González Placencia, hizo un llamado a mantener la unión entre la hueste universitaria y académica, y a levantar la voz frente a la situación de Abud y las acciones del Gobierno de Campeche, a las que tachó de “inaceptables”. Asimismo recalcó que permitir un actos de esta naturaleza acarrea la posibilidad de cualquier universidad, académico, estudiante o investigador, pueda ser el siguiente en padecer atropellos similares, sostuvo que para él, José Alberto Abud es aún rector de la UACAM, lo mismo que víctima de un de “un virtual golpe de estado en la universidad”, razón por la cual, agregó, la ANUIES no puede aceptar la legitimidad de la nueva rectora.
González Placencia resaltó que no es la primera vez que desde gobiernos estatales se intenta tomar parte de los procesos internos de nombramiento de nuevos rectores, en este tenor, enfatizó que la Asociación rechaza “absolutamente” cualquier tipo de injerencia arbitraria en la vida universitaria y con mayor ahínco, el uso del sistema de justicia penal para entorpecer sus procesos; esto último con relación a la reelección del rector Abud en la UACAM, trámite interrumpido por su detención. Finalmente, el secretario denunció el dolo con que la universidad, bajo coacción echó a andar el mecanismo de designación de una nueva rectora mientras Abud se encontraba privado de la libertad.