CDMX — Los índices de corrupción en el sector de seguridad, tanto pública como privada, alcanzan hasta 86.7 por ciento, lo que agrava la impunidad y la falta de acceso a la justicia, y son con los impuestos de los mexicanos como se financia al crimen organizado infiltrado en gobiernos, factor de riesgo, que facilita la inestabilidad del país, con asesinatos de políticos, y que han operado en casos también como el “huachicol” fiscal, Odebrecht y Segalmex, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Crónica ha expuesto este panorama, por falta de una ley secundaria para regular a más de diez mil empresas de seguridad privada, que dan servicio intramuros a dependencias e institutos de la administración pública, datos que ha consignado el Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Al inaugurar el foro el Sistema Nacional Anticorrupción, presentación de propuestas de reforma a la ley, la presidenta del SNA, Vania Pérez, advirtió de la gravedad por la que atraviesa el país de no combatirse la corrupción “de manera transversal mediante una política de Estado, y no como una política de gobierno limitada a ciertos sectores”.
La funcionaria federal resaltó que uno de los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es que el combate a la corrupción se consolide como una política de Estado mexicano que “transversalice y fortalezca la política pública en todo el país”.
“El tema de corrupción y de crimen organizado ha traspasado las fronteras, permeando en los recursos públicos que están financiando al crimen organizado, campañas electorales, grupos empresariales y proyectos ilícitos, así como una amenaza importante para la estabilidad y la gobernanza del país, que se perciben con casos alarmantes como “huachicol” fiscal, Odebrecht y Segalmex -este diario ha obtenido información que desde la seguridad privada se ha atacado de manera mortal a políticos mexicanos-.
Vania Pérez Morales expresó que los actos de corrupción se han impregnado a los diferentes grupos políticos, en el aparato de seguridad y justicia limitando la soberanía del Estado mexicano y de algunos gobiernos, y poniendo en riesgo la estabilidad del país.
“De aacuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los índices de corrupción en el sector de seguridad alcanzan hasta el 86.7 por ciento, lo que agrava la impunidad y la falta de acceso a la justicia”.
Urgió a los diputados de todos los partidos a acompañar la reforma del SNA con otros cambios legislativos que fortalezcan el Estado de derecho y eliminen prácticas que propician privilegios e impunidad, como el uso indebido del fuero.
Desde el SNA se hizo énfasis en que la corrupción también representa una amenaza para la estabilidad económica y democrática de los Estados, al debilitar las instituciones y generar desconfianza social.
Por ello presentó las líneas estratégicas que delinean hacia dónde debería transitar la reforma del SNA, las cuales servirán como base para fortalecer su estructura y funcionamiento. Se dividen en 15 grandes temas, como rediseñar la política nacional anticorrupción, dotar de legitimidad y autoridad al Comité de Participación Ciudadana y fortalecer la presidencia ciudadana del comité coordinador.
Dijo que se deben emitir las recomendaciones no vinculantes en cualquier momento, fortalecer la Plataforma Digital Nacional (PDN), modificar la conformación del Comité Coordinador, ejes de fortalecimiento institucional del Comité Coordinador, y la presidencia del SNA deberá presentar anualmente un informe, las sanciones a las autoridades que no atiendan las atribuciones conferidas en la Ley General del SNA.
Pérez Morales habló de la incorporación de un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en la ley, fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia ciudadana, establecer mecanismos necesarios para recuperar los recursos y los activos desviados por actos de corrupción, además de realizar reuniones anuales.
Resaltó que se necita también la incorporación de un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente en la ley, fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia ciudadana, establecer mecanismos necesarios para recuperar los recursos y los activos desviados por actos de corrupción, además de realizar reuniones anuales.
