El pasado 19 de enero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular, un marco jurídico que el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad y que representa un gran salto de nuestro país en el camino de la gestión responsable de los materiales y residuos. Después de décadas de promover un modelo lineal de producción y consumo, cuyas etapas están limitadas a extraer, producir, consumir y desechar, se avanza en la dirección correcta hacia la seguridad ambiental de México.
La legislación aprobada se nutrió de múltiples propuestas que por décadas formularon distintos sectores y fuerzas políticas. Retoma la responsabilidad extendida de productores e importadores como exigían diversos colectivos retomar de experiencias externas, pero con reglas de gradualidad que pedía la industria nacional y multinacional. Además, es innovadora al establecer instrumentos legales que paulatinamente vinculen obligaciones ambientales a productores e importadores. Para ser empujada también por el Ejecutivo contó con el aval de varias dependencias entre las que destacan las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Economía.
Esta Ley pretende atender los desafíos estructurales presentes en el territorio nacional, como la contaminación del agua, suelo y aire, así como la saturación del sistema tradicional de explotación excesiva de materias primas vírgenes, productos de vida corta, disposición final de residuos, e incluso tiraderos a cielo abierto. La economía circular pone sobre la mesa un nuevo paradigma de crecimiento económico, en el que los encadenamientos productivos alargan la productividad de los materiales y productos, rompiendo el esquema dominante generador de basura.
En el mundo, algunos países, como Corea del Sur, Alemania o Japón, han consolidado esquemas de reciclaje, rediseño y reutilización de componentes e insumos que les han permitido alcanzar tasas de recuperación de hasta 80%.
Por esta razón, la circularidad está basada en una profunda transformación que, además, crea valor; sin embargo, llegar a ella implica una transición sistémica que redefina los conceptos de selección, diseño, eficiencia, reutilización, consumo y desecho, con la responsabilidad que le corresponde a cada sector: desde nuestros hogares hasta las grandes empresas.
Los principios de una productividad sustentable, en los términos de esta Ley General, son disminuir progresivamente los residuos, y aumentar la vida útil de los productos y el aprovechamiento de los desechos. Al tiempo que se reducen las huellas hídrica y de carbono, se generan empleos dignos y se impulsan actividades para mejorar las condiciones de las fuentes de trabajo.
La economía circular busca reconfigurar la producción, el consumo y la gestión de residuos con criterios de bajo impacto de uso de agua y baja producción de emisiones contaminantes. Con ello, México se integraría a cadenas regionales de valor de altos estándares ecológicos, con nichos de empleos verdes, y en paralelo, reducirá costos asociados a la basura.
Algunos sectores como la construcción, consumo de alimentos, producción de plásticos y fabricación de electrónicos tienen oportunidades inmediatas. La innovación tecnológica representa un catalizador, al integrar datos, procesos y actores, se acorta la distancia entre el diseño del producto y su retorno a ciclos productivos, elevando la calidad de los insumos de segunda vuelta.
De cara al futuro, la Ley marca el inicio de una transformación que puede convertir pasivos ambientales en activos productivos y sociales en el mediano plazo.
Si realmente se logra que la prevención, la recuperación y la valorización sean la norma, la circularidad pasará de ser un objetivo programático a una realidad cotidiana. De acuerdo con los planes de la actual administración federal, este es el objetivo principal de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), planteados como una estrategia nacional para incentivar el desarrollo sustentable y socialmente responsable.
Aunado a lo anterior, la Ley faculta a la Semarnat para coordinar, con los demás órdenes de gobierno y los sectores social y privado, la implementación de medidas acordes con los principios de economía circular. Del mismo modo, emitirá un Programa Nacional y acuerdos generales por sector productivo o categoría de producto; suscribirá convenios de concertación y, en su caso, autorizará los términos a los que deba sujetarse la gestión circular de cada industria o empresa importadora. La Ley reafirma la importancia del papel de las autoridades locales para fomentar la Economía Circular y la gestión integral de residuos que les compete. Las autoridades estatales y municipales deben fortalecer el registro y la supervisión de sitios de disposición final que en su mayoría son tiraderos a cielo abierto, así como promover infraestructura para separación, acopio, recuperación y valorización de basura.
Integrar información robusta a nivel territorial es fundamental con la finalidad de ajustar las medidas estipuladas. Con este decreto también se reformaron algunas disposiciones importantes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de integrar la prevención, valorización y aprovechamiento de residuos a la planeación ambiental y a los instrumentos de política pública con los que cuenta el Gobierno hasta hoy.
Este diseño normativo pretende evitar que la economía circular sea un programa aislado y que encamine una transformación económica profunda a nivel nacional.
Aunado a lo anterior, para que exista una transición medible y verificable, se prevén instrumentos de política que permitan monitorear avances, identificar rezagos y tomar decisiones basadas en evidencia y en la mejor ciencia posible, tanto en el ámbito federal como local. La Ley postula una jerarquización del manejo priorizando la prevención, el diseño circular y la reutilización antes que el reciclaje y dejando en última instancia, la valorización y el desecho. Este orden invita a repensar la “basura” como fuente de valor y reduce la presión sobre la extracción de materia prima.
En la práctica, significará rediseñar envases, volver a reparar productos y abrir mercados para la recuperación de materiales de calidad. Este proceso implica responsabilidades diferenciadas entre sectores con obligaciones distintas e independientes entre sí.
Este marco jurídico se enfoca en medidas de prevención e incluye medidas de remediación y de compensación. Productores y comercializadores deberán incorporar criterios de diseño circular y asumir la responsabilidad extendida del productor, que será aplicable tanto a la industria como a la importación.
La implementación de esta última medida se realizará mediante cuatro instrumentos: el Programa Nacional de Economía Circular, acuerdos generales por sector y categoría de producto, convenios de concertación especialmente con micro, pequeñas y medianas empresas— y autorizaciones para inscribir la gestión circular en el registro público, que contendrá las obligaciones ambientales de cada empresa. Independientemente de dicha obligación industrial, las instancias públicas deben asegurar infraestructura pública y vigilancia; mientras se dispone que todas las personas consumidoras separen los residuos a modo de devolverlos a los flujos de aprovechamiento. Para esto quedó establecida la importancia de los estímulos y sanciones para alcanzar un nivel de corresponsabilidad tangible y efectivo.
Con la finalidad de promover la inversión y la innovación tecnológica, este nuevo marco legal impulsa mecanismos, como programas y certificaciones que pueden facilitar el acceso a mercados circulares.
La claridad normativa reduce el riesgo de inversión y envía señales para adoptar soluciones de trazabilidad, automatización de separación, rediseño de envases y plataformas de intercambio de materiales secundarios, articulando al sector privado con municipios y cooperativas. Ninguna ley se traduce a la realidad sin una implementación eficaz. Por ello, el siguiente paso va de la mano de la participación ciudadana y la educación ambiental, que serán esenciales para mejorar la separación de basura, reducir el consumo de productos de un solo uso y aumentar la demanda de bienes reciclables o elaborados con materiales recuperables. Estas responsabilidades corresponden a las autoridades facultadas, quienes tienen menos de 180 días para comenzar a implementarla y para expedir la reglamentación. En suma, con la Ley General de Economía Circular puesta en marcha, se podrán generar resultados favorables para la economía, responsables para la sociedad y cuidadosos para el medio ambiente. Con esta legislación corresponde a toda la sociedad mexicana, llevar a la práctica estos principios y adoptarlos como una nueva normalidad. Sólo unidos, empresas, sociedad y gobierno, se podrá construir un modelo de desarrollo congruente con las necesidades futuras de la humanidad dentro de los límites del planeta.