El PT en el Senado pidió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la entidad para fortalecer la investigación y agilizar la localización con vida de los diez ingenieros mineros que desaparecieron en Concordia en esa entidad.
Los legisladores petistas advierten que el caso no debe analizarse como un hecho aislado, pues se inserta en un entorno de riesgo persistente para las actividades productivas, particularmente en sectores estratégicos que operan en regiones con limitada presencia institucional y alta vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.
De acuerdo a la Cámara Minera de México (Camimex) el 97% de sus empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún ilícito, entre los delitos más recurrentes se ubican el robo hormiga, la extorsión, la extracción ilegal, el robo de material, así como eventos de mayor gravedad como secuestros y agresiones contra personal en campo.
La información pública disponible también identifica a Durango, Zacatecas y Guanajuato entre las entidades con más reportes en este tipo de incidentes, lo que da cuenta de un fenómeno extendido y no estrictamente local.
Destaca que los impactos van más allá de los hurtos directos: estos hechos pueden representar incrementos de hasta 5% en costos y mermas de hasta 7% en la producción, afectando la continuidad operativa, la rentabilidad, el empleo y la percepción de riesgo para la inversión.
En ese sentido, los legisladores del PT, encabezados por Alberto Anaya y Geovanna Bañuelos, llamaron a las autoridades a fortalecer la seguridad pública en proyectos de producción minera.
Sobre todo en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, a fin de garantizar medidas de seguridad y coordinación operativa en las zonas de explotación minera y en sus rutas de acceso que permitan prevenir hechos delictivos y proteger a las comunidades y al personal que labora en dichos proyectos.
Los legisladores petistas detallan los hechos ocurridos el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores mineros y los privó de la libertad.
“El grupo habría ingresado de manera violenta llevándose a los empleados, sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de autoridades. Entre las personas desaparecidas se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad asignados al campamento”, se detalla
Por ello consideraron a indispensable que las autoridades competentes agoten todas las líneas de investigación, destinen los recursos necesarios para la búsqueda y localización con vida de las personas privadas de la libertad.
Al mismo tiempo se deben fortalecer las medidas preventivas y de coordinación interinstitucional en zonas de explotación minera, con enfoque de protección a la población y al personal que desempeña funciones estratégicas para la economía regional y nacional.