CDMX — El pleno de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a vivir una sesión de confrontaciones y esta vez fue para revocar la sentencia en favor de un exservidor público acusado de participar en la desaparición forzada de una defensora de derechos humanos durante una protesta en 2021 en Oaxaca.
El ministro Rodrigo Arístides Guerrero presentó su proyecto de resolución de un amparo directo en el que planteó dejar sin efecto la decisión de un tribunal colegiado que anuló la sentencia del exservidor público por estos hechos.
Arístides Guerrero fue puntual en advertir que todas las autoridades observen la perspectiva de género e interseccionalidad, “una metodología que todas las personas juzgadoras se encuentran obligadas a aplicar en situaciones de violencia, discriminación o vulnerabilidad en las que el género, en conjunto con otras características, puede ocasionar un impacto distinto en una persona”.
Indicó que el proyecto parte de que la desaparición forzada es una de las formas más graves de violencia que afecta profundamente y de manera permanente tanto a la víctima como a sus familias, por lo que exige un análisis judicial más cuidadoso y especializado.
“Para evitar la impunidad, el proyecto sostiene que en casos como éste las personas juzgadoras deben realizar una valoración integral de las pruebas, considerando elementos como la prueba circunstancial, las pruebas indirectas y el contexto en el cual ocurrieron los hechos, asimismo, se subraya que debe tomarse en cuenta con un enfoque diferenciado la situación de vulnerabilidad de la víctima, al tratarse de una mujer defensora de los derechos humanos quien enfrenta riesgos específicos por su género y labor”.
Aunque hubo unanimidad para aprobar la sentencia y se celebró el proyecto, María Estela Ríos fue la más inconforme con responsabilizar al Estado mexicano para que dé respuesta a las más de 130 mil personas víctimas, a sus familias, por desaparición forzada.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de incorporar una perspectiva de género y valorar la situación que se presenta cuando la víctima pertenezca a un grupo en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan riesgos agravados por razones de género y por su labor de defensa y protección de los derechos.
Enfatizó que “el enfoque de género no inclina la balanza a favor de una condena, por el contrario, se pronuncia a favor de una decisión mejor fundada, más completa y constitucionalmente armónica”.
Asimismo, coincidió en que, tratándose de los delitos de desaparición forzada, la labor que debe ejercer la jurisdicción federal requiere de un método de juzgamiento adecuado; en el que, dada la dificultad de obtener pruebas directas en este tipo de delitos, se podrá optar por metodologías de razonamiento como la prueba indiciaria o la prueba circunstancial.
Por lo anterior, Esquivel votó en favor de la propuesta, pero se apartó de algunos párrafos que para ella carecen de sustento jurídico y respaldo documental.
La ministra Lenia Batres se pronunció también en contra de otorgar el amparo.
“Voté a favor, con el fin de que se emita una nueva sentencia que valore la situación de violencia y vulnerabilidad por razón de género en que se encontraba la víctima, como mujer defensora de derechos humanos”, dijo Batres.
ELOÍSA DOMÍNGUEZ