CDMX — Con un vacío legal en la armonización de la reforma constitucional de 2021 en seguridad pública, la Cámara de Diputados recibió e inició el análisis de la propuesta del gobierno de Chiapas de reducir la intervención militar en alto poder de fuego y se le dote de este armamento a las policías estatales.
El tema de regular la operación de los elementos que operan dentro de los cuerpos de seguridad pública no figura en la propuesta, pero sí es enfática en que una reinterpretación funcional del régimen de armamento reservado, manteniendo intactos los principios constitucionales que reconocen el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Reservan a la Fuerza Armada Permanente funciones vinculadas a la seguridad nacional, interior y defensa exterior. Atribuyen a la Secretaría de la Defensa Nacional el control absoluto sobre permisos, licencias, cancelaciones, resguardos y donaciones del armamento autorizado.
A la presentación de esta iniciativa acudieron legisladores locales de todos los representados en el Congreso de Chiapas, entre ellos Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas, las vicepresidentas María Reyes Diego Gómez y Karen Ruiz Coutiño, además de los secretarios de esa Mesa Directiva, José Ángel del Valle Molina y Juan Marco Trinidad Palomares, entre otros, que son iniciantes de las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aprobadas la semana pasada en esa entidad y con entrada en vigor en enero de 2027.
Alejandra Gómez expuso que la iniciativa está suficientemente sustentada para los permisos portación de armas de alto poder de fuego.
“Consideramos que está suficientemente sustde3entada, no solamente es dotar de armas, sino también es de capacitar y que las personas que la usen sean conscientes que esto va a ser en uso exclusivo para la defensa de la población”, dijo la diputada.
Los diputados chiapanecos fueron recibidos por el presidente de la Jucupo en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien destacó que la iniciativa abre un gran debate para la seguridad pública en todo el país.
“El propósito central de esta iniciativa es cerrar la brecha operativa existente entre las capacidades reales de las corporaciones estatales de seguridad pública y el nivel de riesgo que enfrenta un territorio como el nuestro, con una presencia significativa del crimen organizado; y por eso lo que se intenta es modificar la ley para permitirles a las policías estatales el uso de armas que ahora son exclusivas del Ejército y que las policías estatales no pueden portar, está prohibido portarlas. Es muy complicado que puedan las policías estatales enfrentar esta capacidad de fuego, que dispone ilegalmente el crimen organizado”.
Monreal Ávila señaló que si bien es un tema delicado que no se ha querido explorar, ni menos aprobar, hoy, dijo, hay una gran oportunidad que surge del Congreso libre de Chiapas.
En tanto, el legislador Guillén Guillen destacó que desde 2025, dentro de las prioridades del gobierno de Chiapas, fue dotar de mayores recursos a las instancias de seguridad pública.
“Se creó una fuerza de especial, el grupo de reacción inmediata PAKAL, que nos dio muy buenos resultados y nos sigue dando muy buenos resultados. Los indicadores, lo pueden constatar en las mediciones que se hacen en cuanto a los índices de alto impacto, Chiapas está dentro de los primeros lugares en haber reducido estos indicadores. Segundo, en cuanto a la capacitación, que es muy importante, ya se inició con una universidad de seguridad pública para profesionalizar a nuestros policías”.
Sin embargo, Fuerza PAKAL ha estado también vinculada con abusos de poder y otros delitos.
Pese a que existea aún lagunas legales por solventar, los diputados enfatizaron que Chiapas hoy vive una realidad en percepción de seguridad que ha aumentado.
“Teníamos ciudades, como Tapachula y la capital, Tuxtla Gutiérrez, como una de las ciudades que estaban dentro de los lugares más altos en inseguridad y hoy estamos cada día mejorando en ese tipo de percepción”, dijo el legislador.
ELOÍSA DOMÍNGUEZ