Ejidatarios y comuneros del Estado de México expresaron su rechazo al Programa nacional del Testamento Agrario al acusar que promueve el pago de un servicio que ya contempla la Ley Agraria de manera gratuita y a cargo del Estado.
Recordaron que La Ley Agraria prevé desde hace años la lista de sucesión, mecanismo mediante el cual ejidatarios y comuneros pueden designar a sus sucesores sin costo alguno, depositando el documento ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
No obstante, con el nuevo convenio, la Procuraduría Agraria impulsa ahora la formalización de la voluntad sucesoria mediante escritura pública ante notario, lo que para numerosos usuarios y especialistas representa un gasto innecesario y una desviación de la función pública.
Impacto económico
El impacto financiero potencial del esquema ha sido uno de los principales focos de crítica.
De acuerdo con estimaciones conservadoras, si 1.8 millones de ejidatarios y comuneros fueran inducidos a otorgar testamento ante notario y cada uno pagara $1,000 pesos, se produciría una transferencia aproximada de $1,800 millones de pesos hacia el gremio notarial.
Para analistas del sector, este monto no fortalece a las instituciones públicas ni mejora la atención territorial, sino que traslada recursos de comunidades rurales —muchas en situación de vulnerabilidad— hacia un servicio privado, cuando el Estado ya cuenta con un procedimiento gratuito plenamente válido.
El Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, reconoció expresamente que la lista de sucesión agraria es una competencia exclusiva del Registro Agrario Nacional.
Sin embargo defendió la relevancia del testamento agrario otorgado ante notario, incluso cuando combina aspectos civiles y sociales en escritura pública. También destacó la intervención notarial en contratos, asambleas ejidales, sociedades rurales y actos de dominio pleno, afirmando que el seguimiento de los protocolos evita impugnaciones y rechazos registrales.
El funcionario señaló que más del 50% del territorio nacional es propiedad social y que, en consecuencia, una proporción similar de los actos jurídicos del país se realiza en ese ámbito, con participación notarial.
Para críticos del convenio, estas declaraciones acentúan la contradicción central del programa: mientras se reconoce públicamente la existencia de un trámite gratuito y exclusivo del Estado, se impulsa de manera paralela un esquema de pago que podría representar miles de millones de pesos en costos para los núcleos agrarios, beneficiando principalmente al notariado.
Diversos ejidatarios expresaron su inconformidad y cuestionaron abiertamente el sentido del programa en las redes sociales de la Procuraduría Agraria.
“Para eso existe el depósito de lista de sucesión y su trámite está establecido perfectamente… de lo contrario es un negocio de salpicarles honorarios a los notarios, de un trámite que ya está en la ley.”, acusó Dulce Amanecer
Citalli López calificó de “absurdo” promover el programa, al advertir que no es comparable el costo de un notario con el trámite administrativo gratuito, y que la solución real sería llevar registradores a las comunidades mediante jornadas itinerantes.
En el mismo sentido, Rubén Zavala consideró que el acuerdo debió centrarse en fortalecer al propio Estado.
“El convenio lo deben hacer con el RAN para que vayan a los núcleos agrarios y hagan las listas de sucesores sin costo alguno para los campesinos.”
¿Certeza jurídica o privatización de un trámite público?
Especialistas coinciden en que el problema de fondo no es la ausencia de instrumentos legales, sino la ineficiencia operativa y la limitada presencia territorial del RAN y de la Procuraduría Agraria.
En lugar de fortalecer esas capacidades, el convenio desplaza la demanda hacia un servicio privado, generando la percepción de que se privilegia a un gremio específico bajo el discurso de la “certeza jurídica”.