La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que diversas instituciones del Gobierno de México concentran los regímenes de pensiones más costosos, al registrar montos anuales que alcanzan decenas de miles de millones de pesos, particularmente en esquemas de jubilación del régimen de confianza.
Durante su presentación, Buenrostro calificó estas pensiones como “exorbitantes”, al señalar que representan un alto impacto presupuestal para el Estado, lo que hace urgente una revisión integral de estos sistemas con el objetivo de garantizar su sostenibilidad financiera y mayor equidad.
Entre las dependencias señaladas se encuentra Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), que mantiene un gasto anual aproximado de 700 millones de pesos en pensiones y jubilaciones, a pesar de haber dejado de operar hace más de una década.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) concentra uno de los pasivos laborales más altos del sector público, con 22 mil 316 personas jubiladas del régimen de confianza, a quienes se les paga un monto cercano a 24 mil 844 millones de pesos anuales, cifra que representa una de las mayores cargas financieras para el erario.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) encabeza la lista en cuanto a volumen de beneficiarios, al contar con 54 mil personas jubiladas en el régimen de confianza, con un gasto anual estimado en 40 mil 950 millones de pesos, lo que la convierte en la institución con el mayor desembolso en este rubro.
En el sector financiero público, Nacional Financiera (NAFIN) reporta un padrón de mil 500 personas jubiladas, con pagos anuales por 643 millones de pesos, mientras que Banobras registra mil 52 jubilados, con un gasto aproximado de 1 millón de pesos al año. A su vez, Bancomext cuenta con 996 personas jubiladas en régimen de confianza, cuyo costo anual asciende a 766 millones de pesos.
Raquel Buenrostro subrayó que este diagnóstico forma parte de una estrategia integral de revisión del gasto público, orientada a fortalecer la transparencia, combatir los privilegios excesivos y asegurar la viabilidad financiera de las pensiones en el largo plazo, sin afectar los derechos laborales adquiridos, pero promoviendo esquemas más justos y sostenibles.