En una conferencia celebrada este 27 de febrero de 2026 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, legisladoras y legisladores de Morena hicieron un llamado contundente para que el Estado mexicano intensifique y concrete acciones contra el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos de América hacia México, un fenómeno que, aseguraron, alimenta la violencia criminal, multiplica víctimas y debilita el tejido social.
“El tráfico de armas y el de drogas se combinan para generar índices de violencia desmedidos. No puede seguir siendo un tema relegado”, afirmó el diputado Jesús Valdés Peña, al subrayar que investigaciones oficiales estiman que más del 78% de las armas usadas en delitos en México tienen su origen en Estados Unidos.
En su intervención, la diputada María Rosete describió las consecuencias humanas del flujo indiscriminado de armas de fuego: hijas e hijos huérfanos, madres enterrando a sus familias, barrios bajo el estruendo de disparos. “Esas armas no aparecen solas: alguien las fabrica, alguien las vende, y alguien permite que crucen la frontera”, dijo, enfatizando que este fenómeno fortalece a los grupos criminales y deja un rastro de dolor en el país.
Para las y los legisladores morenistas, es indispensable pasar de las declaraciones públicas a acciones efectivas y coordinadas, tanto a nivel interno como en conjunto con autoridades estadounidenses, para frenar el tráfico ilícito de armas y las víctimas que este deja tras de sí.
Desde hace años México ha insistido en que la violencia armada en el país tiene un factor externo importante: el constante ingreso de armas desde Estados Unidos. Esta postura llevó incluso a que el gobierno mexicano presentara una demanda histórica contra fabricantes y distribuidores de armas norteamericanos por prácticas negligentes que, según la administración federal, han facilitado el ingreso de arsenal ilegal al territorio mexicano.
Sin embargo, este esfuerzo legal ha enfrentado resistencias en tribunales estadounidenses y sigue su curso en diversas instancias jurídicas y diplomáticas, incluyendo solicitudes de informes que detallen las acciones y resultados de las políticas de Estados Unidos para detectar, reducir y prevenir el tráfico ilícito de armas.
Durante la conferencia, legisladores también hicieron referencia al próximo dictamen consultivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría establecer criterios relevantes sobre la responsabilidad de empresas fabricantes de armas respecto a la protección de derechos humanos y la protección del Estado hacia sus ciudadanos.
Frente común contra la violencia armada
Además de insistir en acciones de cooperación bilateral con Estados Unidos, las y los diputados de Morena anunciaron su disposición a revisar el marco jurídico mexicano en materia de seguridad pública y armas para dotarlo de mayor claridad y herramientas que frenen la introducción clandestina de armamento.
La urgencia, dijeron, radica no solo en reducir la disponibilidad de armas de alto poder en el país, sino también en proteger a las comunidades que diariamente enfrentan el impacto de la violencia armada. Esta exigencia se enmarca en un contexto más amplio en el que México ha buscado cooperación y diálogo con su vecino del norte, incluyendo acuerdos internacionales en materia de seguridad, rastreo balístico, tecnología y lucha compartida contra el tráfico de armas.
Para las y los legisladores, esta no es una cuestión de bandera política, sino de vida y seguridad para millones de mexicanas y mexicanos. El objetivo planteado es claro: poner el tráfico ilícito de armas en la agenda pública como un asunto que requiere compromisos firmes, políticas claras y rendición de cuentas, tanto dentro de México como con Estados Unidos.
Mientras tanto, esperan que las instancias internacionales y las autoridades mexicanas den pasos concretos para traducir estas exigencias en resultados palpables que reduzcan el flujo de armas y la violencia que estas alimentan en territorio nacional.