La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este martes será publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que establece la reducción paulatina de la jornada laboral semanal hasta llegar a 40 horas. La modificación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y el Senado, y forma parte del compromiso número 60 de los 100 objetivos planteados por el Gobierno federal en la llamada segunda etapa de la transformación.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el objetivo central de esta reforma es mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, al disminuir el cansancio, prevenir accidentes y fortalecer el equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar. Subrayó que un mayor descanso contribuye directamente a la salud, la seguridad y el bienestar integral.
La presidenta recordó que esta medida responde a estándares internacionales promovidos desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el Convenio 47 de 1935 y la Recomendación 116 de 1962, los cuales impulsan jornadas semanales de 40 horas sin afectar el salario y con base en el diálogo social.
Amplio proceso de consulta y consenso
La reforma fue construida a partir de un proceso amplio de diálogo social, en el que participaron representantes del sector empresarial, sindicatos, académicos y trabajadores. En total, se realizaron más de 40 mesas de trabajo con la participación de alrededor de dos mil especialistas, quienes analizaron el impacto, la viabilidad y las implicaciones económicas y sociales de la medida.
Este ejercicio permitió alcanzar consensos entre los distintos sectores, garantizando que la transición hacia una jornada reducida se realice de manera ordenada, responsable y sostenible.
México busca cerrar brecha con la OCDE
El Gobierno federal destacó que la mayoría de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptaron jornadas laborales de 40 horas desde hace varios años. En contraste, México arrastraba un rezago histórico en esta materia.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indican que actualmente solo el 36.1% de las personas ocupadas labora 40 horas o menos a la semana, mientras que el 63.9% trabaja más de ese límite, principalmente entre 41 y 48 horas semanales, o incluso más.
Cambios constitucionales y nuevas reglas laborales
La reforma eleva a rango constitucional la jornada semanal de 40 horas, garantizando el derecho al descanso sin que ello implique reducción de salarios, prestaciones o ingresos. Asimismo, incorpora por primera vez la prohibición expresa de horas extraordinarias para menores de edad, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos laborales.
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La transición hacia la nueva jornada será gradual: en 2027 se establecerá un máximo de 46 horas semanales; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y para 2030 se alcanzarán las 40 horas. Este esquema conserva la jornada diaria de ocho horas y asegura dos días de descanso semanal.
Regulación del descanso y horas extra
La legislación también fortalece la regulación de los periodos obligatorios de descanso, alineándolos con la práctica internacional que establece al menos 24 horas continuas de reposo. En cuanto a las horas extraordinarias, estas serán voluntarias, con un límite máximo de cuatro horas triples, manteniendo el pago del 200%, la prima dominical y la remuneración especial por laborar en días festivos.
Con la reducción de la jornada, el valor de la hora de trabajo aumentará para quienes conserven su salario mensual, y quienes realicen horas extra podrán incrementar sus ingresos hasta en un 32%, conforme a los nuevos límites establecidos.
Supervisión y cumplimiento
Tras su publicación oficial y la ratificación de los congresos estatales, se armonizará la Ley Federal del Trabajo con la Constitución. Además, se implementará un registro electrónico obligatorio para vigilar el cumplimiento de la nueva jornada laboral y asegurar que se respeten los derechos de las y los trabajadores.
Con esta reforma, el Gobierno federal busca modernizar el marco laboral del país, promover condiciones de trabajo más justas y avanzar hacia un modelo que priorice el bienestar social sin afectar la productividad.