A propósito del día de la mujer, cada marzo el debate público vuelve sobre los pendientes en materia de igualdad de género. Violencia, brechas salariales y el peso desigual del cuidado son parte de esta lista urgente, pero mientras repetimos el inventario de pendientes, quitamos el foco de una transformación silenciosa que está reordenando la estructura misma de nuestra convivencia. Me refiero al cambio en las trayectorias educativas, laborales y conyugales de las nuevas generaciones. Esta reconfiguración sostenida ha creado una nueva grieta de género ya que nuestras instituciones están operando sobre un modelo de sociedad que ya no existe. No estamos ante una simple crisis de compromiso juvenil o un cambio de humor cultural; estamos ante un desfase estructural donde nuestras instituciones pretenden que vivamos en 2026 con reglas y supuestos diseñados para mediados del siglo pasado, en ámbitos que van desde las pensiones hasta el mercado inmobiliario.
Esta referencia a los años 50 no es una licencia poética, sino una descripción técnica del origen de algunas leyes. La arquitectura de la seguridad social mexicana, con el IMSS (creado en 1943) y el ISSSTE (en 1959) como pilares, se consolidó bajo un esquema que asumía que el hombre tendría un empleo estable de 30 o 40 años mientras la mujer aportaba un subsidio invisible de cuidados en el hogar. Incluso instituciones posteriores como el INFONAVIT heredaron esa lógica, diseñando el acceso a la vivienda para familias nucleares con trayectorias laborales lineales y formales. Al no actualizar estos cimientos, el Estado pretende que las vidas diversas, autónomas y en muchos casos precarias de hoy encajen en un molde que ya no existe, convirtiendo a las instituciones en mecanismos que generan desventajas sistemáticas para quienes no habitan los guiones de hace siete décadas.
No es moral, es cambio de trayectorias
La sociedad mexicana actual ha transformado su fisonomía, especialmente en lo que respecta a la dinámica y composición de los hogares. La transformación de los hogares y sus tiempos suele leerse, desde la política y la opinión pública, como una deriva hacia el individualismo. Sin embargo, este diagnóstico es erróneo y está, en muchos casos, teñido de un juicio moral que castiga principalmente a las mujeres por alejarse del esquema familiar tradicional, pero la evidencia estadística contradice esa visión. Los datos del Censo 2020 en México no muestran una sociedad que rechaza la familia, sino una que ha reordenado sus calendarios y ciclos de vida de forma definitiva.
Entre los 20 y 24 años, el 70% de los hombres se declaran solteros frente al 55% de las mujeres. La brecha solo converge después de los 40 años. ¿Qué nos dice esto? No que las mujeres rechacen la vida en pareja, sino que existe una divergencia en calendarios de transición conyugal. El censo, por sí solo, no permite identificar motivaciones; pero sí obliga a abandonar lecturas morales simplistas. Las mujeres hoy transitan de la educación al mercado laboral con expectativas de autonomía que el sistema de seguridad social y los arreglos de pareja tradicionales aún no saben procesar. Un estudio realizado en México y Colombia en 2025 (Wiegand-Cruz y Salinas 2025) muestra cómo la formación de la familia hoy está trenzada con la expansión educativa. Este cambio no es un capricho, sino la expresión de trayectorias que buscan seguridad en un entorno que ya no ofrece las reglas más estables (aunque desiguales) bajo las que se organizaban las trayectorias de las mujeres de generaciones anteriores.
La fricción por el costo oculto del progreso
El problema no es que nuestras vidas sean ahora más diversas, sino que el diseño institucional es rígido. Existe una fricción entre lo que hemos logrado como sociedad (más educación, nuevas aspiraciones de reciprocidad) y lo que se ha quedado estancado (la organización del cuidado y las leyes laborales), que genera desventajas estructurales para las mujeres.
El sistema operaba con menor fricción porque contaba con un subsidio invisible provisto por el tiempo y el trabajo gratuito de las mujeres. Cuando ellas decidieron o se vieron obligadas a cambiar su calendario y sus prioridades, el sistema se quedó sin su motor de ajuste no remunerado.
Este cambio de calendarios y prioridades, sin embargo, no ocurre en el vacío. Las normas sociales de género operan como una maquinaria de premios y sanciones que intenta disciplinar estas nuevas trayectorias. A quien se ajusta al guion tradicional se le premia con validación y la ilusión de seguridad; a quien se desvía, se le castiga con el estigma de la soledad o la etiqueta de falta de compromiso. Estas sanciones actúan como un impuesto social. No es solo que las instituciones no ayuden, es que la cultura aún penaliza a quienes intentan habitar los nuevos calendarios de vida. Cuando estas expectativas de género chocan con la realidad, el costo del ajuste suele recaer en la estabilidad o en la renuncia de las mujeres a sus propias metas.
Además de la penalización social, el desajuste de diseño institucional se expresa tanto en reglas institucionales (como pensiones) como en mercados organizados alrededor de supuestos familiares y laborales heredados (como vivienda y crédito). En el ámbito de la vivienda, el mercado inmobiliario y los criterios de crédito históricamente indexados a la estabilidad del proveedor o a la suma de dos ingresos dejan en la vulnerabilidad a las mujeres que optan por hogares unipersonales o que enfrentan la brecha salarial acumulada. Paralelamente, el sistema de pensiones opera como una sanción al cuidado ya que, al exigir décadas de cotización formal e ininterrumpida, castiga las trayectorias laborales discontinuas de quienes pausaron su vida profesional para sostener la infraestructura doméstica. Así, mientras las instituciones sigan exigiendo una linealidad que la realidad de 2026 ya desdibujó, la autonomía femenina seguirá teniendo un precio prohibitivo, el riesgo de una vejez sin protección y un presente sin acceso a un patrimonio propio.
Preguntas para una política pública honesta en 2026
Si queremos que el 8M sirva para algo más que para actualizar estadísticas, debemos mover el foco hacia la arquitectura del bienestar. Menos juicios morales y más preguntas de diseño. Por ejemplo, ¿cómo planeamos ciudades para hogares unipersonales o uniones diversas cuando el mercado inmobiliario y los créditos están optimizados para ingresos dobles? ¿Cómo va a sobrevivir un sistema de protección social pensado para empleos lineales y familias nucleares en un mundo de trayectorias discontinuas y familias diversas o unipersonales? ¿Hasta cuándo la corresponsabilidad en el cuidado será un favor que se negocia en la cocina y no una infraestructura pública garantizada por ley?
De la queja al rediseño
Bajar el volumen al juicio moral permite ver la falla de diseño. La estabilidad del pasado no era armonía, era una externalidad negativa cargada sobre los hombros de las mujeres. Hoy, esa infraestructura silenciosa ya no puede darse por sentada porque las vidas de las mujeres han cambiado más rápido que las leyes.
La pregunta política de nuestro tiempo no es si las mujeres están yendo demasiado lejos, sino por qué nuestras instituciones se han quedado tan atrás. Mientras sigamos tratando como crisis de valores lo que son tensiones de diseño económico, seguiremos legislando para un país que ya no vive aquí. El futuro ya ocurrió, solo falta que las instituciones se den por enteradas.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
La autora es técnica-académica del Departamento de Economía