Durante la conferencia matutina, el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el programa carretero más amplio del actual sexenio.
La estrategia contempla la construcción y modernización de más de 1,450 kilómetros de carreteras en 11 entidades del país, con una inversión estimada que rebasa los 150 mil millones de pesos.
¿Dónde se desarrollarán las obras?
El paquete incluye 18 proyectos prioritarios distribuidos en Baja California, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.
De estas iniciativas, 11 operarán bajo el esquema CMRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación), mientras que siete se desarrollarán mediante un modelo de Inversión Mixta, en el que participan tanto el Estado como capital privado.
Entre las intervenciones más relevantes destacan el Corredor del Golfo de México y la modernización de la Ruta 57, dos ejes clave para el transporte de mercancías y la conectividad regional, fundamentales para la actividad económica nacional.
Impacto económico y social
El programa prevé la generación de 177 mil empleos directos y 142 mil indirectos. Además de dinamizar la economía, se espera que las obras reduzcan tiempos de traslado, incrementen la seguridad vial y faciliten el comercio exterior.
Para millones de personas que utilizan estas carreteras diariamente —ya sea para trabajar, transportar productos o desplazarse entre ciudades— la modernización implicará trayectos más seguros y eficientes.
¿En qué consiste la Inversión Mixta?
El esquema de Inversión Mixta plantea que el gobierno mantenga la participación mayoritaria en la concesión, mientras que el sector privado aporta capital y asume parte de los riesgos del proyecto. Una vez que la infraestructura entra en operación, los inversionistas recuperan su aportación bajo condiciones previamente establecidas.
Se trata de un modelo diseñado para que las obras sean autofinanciables. En el financiamiento pueden intervenir Banobras, la banca comercial y otros inversionistas institucionales. Asimismo, los contratos incluyen mecanismos de supervisión independiente y pagos condicionados al cumplimiento de estándares de desempeño: si la infraestructura no cumple con los parámetros establecidos, la remuneración disminuye.
Con esta estrategia, el gobierno federal apuesta por ampliar la infraestructura carretera sin comprometer recursos públicos de manera desproporcionada, buscando un equilibrio entre inversión, control estatal y participación privada.