La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) celebra la adopción de las conclusiones acordadas, en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70) con sede en las Naciones Unidas de Nueva York, con el objetivo de garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas.
Empero, lamenta que la eliminación del lenguaje interseccional el cual reconocía las vulnerabilidades asociadas a la condición migratoria hayan quedado fuera. Por esto, llama a los Estados miembro a priorizar dentro de sus agendas las condiciones que viven las mujeres en contextos de movilidad que les limita acceder a la justicia en la región.
La CSW es el mejor espacio para definir las normas internacionales en relación a la igualdad, al igual que para evaluar los avances de la Plataforma de Acción de Beijing.
En esta70ª edición, el enfoque se haya en la mejora del acceso a la justicia, para poder consolidar sistemas jurídicos inclusivos y eliminar las leyes y prácticas discriminatorias que siguen existiendo. En este escenario, la RMMSyM denuncia que el actual paradigma de la militarización y la externalización de las fronteras, impuesto por Estados Unidos y avalado por los gobiernos de la región, hace imposible el acceso a la justicia para las mujeres en contexto de movilidad y mantiene las restricciones al derecho al asilo; rutas bajo control criminal; y retornos y deportaciones forzadas.
Aún así, el gobierno estadounidense intentó detener la adopción de las conclusiones y eliminar el lenguaje incluyente. Creando así un “cuello de botella” regional que vulnera los derechos básicos de las mujeres.
La migración y el desplazamiento no son fenómenos neutros al género: las mujeres representan el 51.3% de la población latinoamericana migrante (OIM, 2022) y el 46% de las personas desplazadas forzosamente en la región.
Por su parte, un monitoreo territorial ha revelado cifras alarmantes acerca de la desprotección estatal: el 69% de las víctimas de amenazas a su seguridad no presentan denuncias; el 40% no denuncia por temor a represalias; y un 38% considera que no obtendrá justicia.
Ante la inacción Estatal, las organizaciones feministas y lideradas por mujeres asumen el mandato de protección y rendición de cuentas, tejiendo redes de cuidado multisectorial, quienes fungen como garantes de la protección y el acceso a la justicia.
Frente a este escenario, la RMMSyM hace un llamado enérgico a los Estados miembro de la ONU para transitar hacia una justicia sin fronteras a través de:
1.Desvincular el control migratorio del acceso a la justicia, para poder garantizar que denunciar violencia de género no concluya en detenciones migratorias o procesos de deportación.
2.Garantizar servicios esenciales financiados y reconocer la defensa legal, salud, trabajo, y educación como servicios vitales, financiando programas de asistencia gratuita y especializada.
3.Protección en el territorio. Fortalecer el acceso a la justicia en refugios y centros comunitarios, lugares donde las mujeres migrantes realmente buscan apoyo.
4.Regularización sin barreras. Cumplir con la Declaración de Cartagena para tramitar solicitudes de asilo bajo una interpretación amplia de la violencia de género. El acceso a la justicia no es un trámite, es una garantía de supervivencia.